Mañana lunes, día 17 de octubre, se inaugura en la Universitat Jaume I un congreso internacional organizado por el área de derecho penal bajo el título Nuevas amenazas a la seguridad nacional: terrorismo, criminalidad organizada y tecnologías de la información y la comunicación, el cual se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El objeto del mismo es analizar los riesgos que para la seguridad de los estados y para las libertades individuales representa la criminalidad organizada y las estrategias legales contra la misma en un entorno caracterizado por la internacionalización de esos riesgos y por el recurso a las nuevas tecnologías, tanto como instrumento que facilita la ejecución de delitos que ya no conocen fronteras, cuanto como mecanismo del que se sirven los gobiernos con fines de investigación y prospectiva para combatir esa clase de criminalidad.

Se trata, pues, de abordar la cuestión desde una doble faceta. De un lado, hay que poner el acento en el hecho incontestable de que una de las grandes amenazas que actualmente se ciernen contra la seguridad pública proviene de grupos criminales transnacionales perfectamente estructurados a los que las nuevas tecnologías facilitan su desarrollo e implantación, dificultando, al mismo tiempo, su descubrimiento. De otro lado, tampoco pueden olvidarse los peligros que para las libertades individuales pueden representar el uso que de esas mismas tecnologías hacen los Estados, pues, al amparo de la lucha contra la criminalidad, pueden cometerse ciertos excesos que en un estado de derecho resultan inadmisibles.

Con esa doble perspectiva, en el congreso se analizarán temas tan interesantes como las modalidades de cibercriminalidad que afectan especialmente a la seguridad nacional (desde los ataques informáticos a infraestructuras críticas hasta el empleo de Internet al servicio de la propaganda y radicalización terrorista, tanto en la planificación de acciones y su ejecución como en el mismo reclutamiento e instrucción de terroristas). El sistema integrado de control de las comunicaciones y otros mecanismos de inteligencia estratégica que contribuyen a la prevención del crimen, así como el papel de las fuerzas armadas o de los servicios de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional serán igualmente temas de debate.

Asimismo, se pasará revista a los diversos instrumentos de cooperación internacional y a las iniciativas de la Unión Europea para implantar estrategias comunes contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Pero, como decía, en las jornadas no dejará de abordarse la amenaza que ese nuevo escenario estratégico, criminológico y político-criminal representa para las garantías constitucionales. Y no hace falta pensar ni en Guantánamo ni en los excesos cometidos en Abu Ghraib. Basta con mirar a nuestro alrededor para advertir que la idea de un gran hermano que nos vigila ya no es una quimera. El control estratégico de las comunicaciones, esto es, la recogida de información de manera aleatoria y su procesamiento en busca de palabras clave es un método de cuya existencia el propio Parlamento Europeo dijo que no podíamos seguir dudando. También puede servir para expresar esta preocupación el hecho de que empiece a cuestionarse cada vez con más fuerza la necesidad de intervenir sobre internet. Ejemplos tan brutales como el de China o Irán nos quedan, por fortuna, muy lejos. Pero es conveniente no perder de vista la capacidad técnica que los gobiernos tienen para vigilar nuestras conexiones, leer nuestros correos o blogs restringidos y controlar al detalle qué páginas visitamos. Y no importa que no tengamos nada que esconder.

Sin duda, el estado de derecho tiene ante si un gran desafio. La seguridad nacional sufre embates nuevos, que, justamente cuando se cumple una década del 11-S, sería insensato ignorar. Pero hay que hacerle frente sin renunciar a las garantías constitucionales. Ese es el gran reto. La Constitución, es --como ha dicho quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, y ponente inagural de las jornadas, el doctor Vives Antón-- nuestro último refugio frente a las arbitrariedades del poder. Por eso no es posible ninguna estrategia contra cualquier forma de criminalidad que prescinda del sistema de garantías que la Constitución representa para los derechos y libertades de cada uno de nosotros.

Esos son, en apretada síntesis, los grandes temas que serán objeto de debate en el congreso que se inicia mañana en la UJI y que se prolongará hasta el día 18. En el mismo intervendrán expertos de diversos países (España, Estados Unidos, México, Brasil, Tailandia e Italia) y de distinta formación (miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, académicos, jueces, fiscales, analistas de inteligencia, etc), a quienes en nombre del doctor González Cussac --codirector del Congreso-- y en el mío propio quiero agradecer que aceptasen tan amablemente nuestra invitación. Nuestro agradecimiento debe hacerse extensivo al Dr. Antonio Fernández por su magnífica organización, así como a las instituciones que nos han brindado apoyo financiero (Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Ayuntamiento y Policía Local de Castellón, Centro de Estudios sobre Prevención y Seguridad y BP Oil España), sin cuya generosa contribución y su estímulo no hubiera sido posible llevar a término esta iniciativa.

Ahora solo me resta animar a toda la comunidad académica, a quienes prestan servicios para ofrecer un mejor sistema de justicia penal y, en general, a los ciudadanos de Castellón a que se acerquen a la universidad y participen en lo que pretende ser un debate abierto sobre un tema --el de la seguridad en un entorno globalizado-- que, en el fondo, nos interesa a todos. H