El pasado 12 de octubre fue un día importante para el futuro de la agricultura europea. Tras cerca de tres años de trabajos y análisis sobre el futuro de la Política Agraria Común, más conocida como PAC, el comisario Ciolosdio a conocer siete propuestas de base que van a orientar el nuevo periodo de la PAC 2014-2020, siete documentos redactados con excesivo celo en un vano intento por aglutinar una serie de posturas irreconciliables como son las diferentes agriculturas europeas, con un presupuesto marcado por el recorte financiero que se enmarca dentro del plan presupuestario Europa 2020.

De inmediato, el clamor demagógico saltó a la palestra de los medios mediante argumentos ambiguos, falaces y vacíos de todo contenido reglamentario. Frases tales como: “Es la muerte para el sector agrario español”; o este otro: “Es un claro desprecio a la agricultura mediterránea”; “La discriminación presupuestaria del sector hortofrutícola y vinícola con respecto a la agricultura continental…”, y cosas por el estilo que quedan muy bien a nivel panfletario pero que no aportan el menor ápice de profesionalismo a la hora de interpretar las propuestas, que por ser prácticos, son las que son y poco van a cambiar. ¿Es tan grave el asunto?

Con respecto a la muerte del sector agrario español y la discriminación presupuestaria hacia España: los presupuestos están asignados de antemano (en el caso de España unos 4.900 M. € año). Advertir que nuestro país sigue siendo el tercero más beneficiado del paquete financiero de la PAC, por detrás de Francia y Alemania (somos 27 países perceptores de estas ayudas). Además, el dinero será distribuido por cada Ministerio a nivel de cada país miembro instrumentalizando diversos mecanismos de compensación de cultivos al objeto de evitar esas discriminaciones entre agriculturas tan criticadas, por lo que la verdadera guerra del reparto se va a producir a nivel autonómico.

Y entre las cosas positivas: se amplía el presupuesto para la incorporación de jóvenes agricultores incrementando una ayuda especial durante los cinco primeros años para afianzar la viabilidad en periodos de inversión. Se reconoce un pago específico verde donde se contempla la posibilidad de compensar a los agricultores que se encuentren inmersos en parajes protegidos o en Red Natura, recordar que la provincia de Castellón es donde mayor número de parajes protegidos se concentra de la Comunitat Valenciana y siempre sus funciones han sido claramente restrictivas para sus propietarios, por lo que puede haber llegado el momento de poder pedir compensaciones por ello. Se establecen mecanismos de retirada de productos para evitar crisis de precios en sectores donde nunca antes se había planteado como el porcino, tan importante en nuestra provincia. Se establecen fondos mutuales dirigidos a supuestos seguros de rentas tan demandados por las organizaciones profesionales agrarias. Y demás aspectos que aún están por definir.

Ahora bien; ¿En dónde no se han cumplido las expectativas del sector agrario europeo, a parte del ya comentado tijeretazo presupuestario? Pues en la elaboración eficiente de mecanismos de control de los precios en el campo y origen, en contraposición con la disparidad de los precios que pagan los consumidores europeos por los mismos productos. Y por otra parte, la falta de criterios de reciprocidad con respecto a importaciones de productos agroalimentarios con países terceros, al igual que impone Estados Unidos. Y es que la auténtica disparidad se produce en la obligatoriedad de producir alimentos nulos de residuos, al cuidado del medio ambiente y sometidos a unas estrictas condiciones productivas que encarecen mucho los costes de nuestras explotaciones, al tiempo que se deja entrar sin reciprocidad alimentos de dudosa procedencia y sanidad, en donde lo que prima es el bajo precio a base de cantidad sin medidas de bienestar animal, el cuidado del entorno y ningún control sanitario. Y es que el agricultor no necesita subvenciones de pagos directos, sino la garantía de precios justos por sus productos. H