La Diputación es una institución insustituible, fundamental, indispensable. Desde que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno propuso literalmente “cargárselas”, se ha abierto un debate que no es más que una polémica artificial de las muchas que generan los miembros del PSOE para acaparar la atención mediática y desviar la atención del problema que verdaderamente nos ocupa y nos preocupa: la crisis económica y la falta de capacidad del Ejecutivo de Zapatero para afrontarla.

Decir que las diputaciones son organismos anticuados o poner en entredicho su función, afirmando que no sirven para nada, es una auténtica barbaridad, además de una demostración de que no se conoce en absoluto las necesidades y demandas que tienen los alcaldes de una provincia, sin duda consecuencia de lo poco que se baja del coche oficial para ponerse el mono de trabajo. Y lo más sospechoso de todo es afirmarlo cuando se ha perdido la mayor parte de estas instituciones tras las pasadas elecciones. Hasta esa fecha no había dicho ni pío.

Los municipios de una provincia necesitan de una institución que haga de intermediaria, con la que pueda dialogar de manera directa y exponer sus planteamientos, pero al mismo tiempo con la capacidad y la fuerza suficiente como para presionar y defender dichas demandas ante los órganos superiores, como la Generalitat o el Gobierno central. Si este hecho, que parece simple, es importante, mucho más cuando hablamos de pueblos pequeños, alcaldes que restan tiempo de sus obligaciones personales para trabajar por el pueblo por el que han recibido el apoyo de sus vecinos. Muchas veces, sin ni siquiera recibir nada a cambio.

Y desde luego, pueblos que apenas disponen de recursos económicos para elaborar proyectos de infraestructuras, afrontar la prestación de servicios y establecer bases para el desarrollo económico y social de sus vecinos. Y eso no se puede ofrecer desde una administración autonómica. Las consellerias ofrecen las líneas maestras, trazan las bases sobre las que pivota el conjunto de los ciudadanos de la Comunitat, pero la realidad de un territorio, de una comarca, de un pueblo, solo la conoce una Diputación, que es su principal interlocutor. Y de eso puedo hablar mucho, puesto que llevo 16 años hablando con decenas de alcaldes y recorriendo miles de kilómetros desde mi responsabilidad en la institución como vicepresidente primero.

A los hechos me remito. Durante todo este tiempo, son muchos los kilómetros de carreteras que se han ejecutado, se han llevado a cabo planes de protección del medio ambiente, se han habilitado medios para la extinción de incendios, se han construido helipuertos y bases para acercar la sanidad a todos los ciudadanos, se ha ampliado la red de canalización de agua y de electricidad, se ha potenciado el turismo, se ha recuperado el patrimonio y la cultura, se han levantado instalaciones deportivas y sociales; se han desarrollado planes de atención a los más mayores del interior o se han promovido proyectos de dinamización económica y social tan innovadores como los CEDES, pioneros en Europa. Toda esta actividad requiere muchas horas de trabajo, mucha dedicación y esfuerzo surgido de la presidencia de esta institución: primero por Carlos Fabra, desde 1995 hasta este 2011, y desde junio, con Javier Moliner. No en vano, y si se suman todos los planes desarrollados y el conjunto de las inversiones realizadas, desde el año 1995, año en el que el PP asumió la responsabilidad de gobierno, se han invertido un total de 705 millones de euros. Ahí es nada.

Por eso, no deja de sorprender, lamentablemente, que los socialistas sean los primeros en boicotear un acto de apoyo y defensa de la Diputación. Está claro que no les importa que los alcaldes socialistas, sus propios compañeros, estén entre los beneficiados de la gestión de la institución. O tal vez sea eso lo que les moleste: que la Diputación sea verdaderamente un ayuntamiento de todos los ayuntamientos. Sin distinción. H