La justicia es igual para todos. Este axioma, que emana de la separación de poderes que empezó a abrirse paso hace tres siglos en las sociedades europeas, puede parecer una obviedad. Pero cobra una relevancia especial si quien lo formula es el Rey de España en unos momentos en que se ciernen sobre su yerno Iñaki Urdangarín graves indicios de corrupción cometida al amparo de su privilegiada posición.

En su muy esperado discurso navideño de este año, Juan Carlos I no mencionó el nombre del duque de Palma, pero su mensaje fue inequívoco: le preocupa “enormemente” que aumente la desconfianza hacia “la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones”, por lo que es preciso que, “sobre todo las personas con responsabilidades públicas”, actúen con “rigor, ejemplaridad y seriedad”. Los miwsmos términos que hace apenas una semana utilizó el príncipe Felipe en un acto en Barcelona. El Rey y su heredero, por tanto, actúan en sintonía, como corresponde, ante un problema que supone una amenaza para la reputación y el futuro de la Corona. No hay que “generalizar los comportamientos individuales”, subraya el jefe del Estado, so pena de ser injustos.

Este discurso de Navidad de Juan Carlos ha sido uno de los más complejos de los 37 que ha afrontado. Y es la antesala de un hecho sin precedentes que debe producirse la próxima semana: la publicación del desglose de los gastos de la Casa del Rey, que debe demostrar a los ciudadanos españoles que la Zarzuela usa debidamente la asignación económica que recibe del Estado.

Una iniciativa más para deslindar a la Monarquía de los negocios de Urdangarín, objetivo que este mes de diciembre ya ha tenido dos capítulos: el apartamiento del duque de Palma de las actividades oficiales de la familia real y la filtración de que ya en el 2006 se le instó a dejar el Instituto Nóos y trasladarse a otro país si quería desarrollar actividades empresariales.

Se espera que en breve la Fiscalía adopte medidas contra Iñaki Urdangarín, al que cabe reconocerle, eso sí, la presunción de inocencia mientras no sea condenado. Pero, como dijo ayer el Rey, vivimos en un país en el que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”. Ni más, ni menos.