La primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera bajo la batuta del PP se saldó el martes con un éxito notable. Todas las comunidades, incluidas las que no gobiernan los populares, aceptaron y aplaudieron las propuestas del ministro de Hacienda. El consenso se estableció, básicamente, en torno a una línea de crédito del ICO destinada a las autonomías para que puedan pagar a sus proveedores. La Administración central avalará esos préstamos. Luego, será la Intervención General del Estado la que haga el seguimiento del destino de los recursos. El Gobierno da ese paso adelante para evitar la asfixia de las autonomías y la inanición de los proveedores a cambio de un compromiso para el cumplimiento estricto de los objetivos de déficit. Las administraciones --regionales o locales-- que no cumplan podrán ser sancionadas y llegar a su inhabilitación.
Cristóbal Montoro anunció ayer la voluntad del Gobierno de introducir un cambio legal para convertir el incumplimiento de las normas de estabilidad financiera en un delito penal. Es posible que el anuncio sea una estrategia negociadora, pero fijar como delito penal gastar más de lo que se dispone dista mucho de ser una decisión objetiva. Y, en caso de aceptarse, habría que ampliarla a todos los gestores que cruzan ciertas líneas.
