La reforma laboral se ha convertido en el mantra de la Unión Europea, la OCDE, el FMI y todas las instituciones internacionales cuando se refieren a la economía española. También lo es, claro, el de la patronal. El Gobierno del PP, agotados los plazos de negociación entre la CEOE y los sindicatos, se dispone a hincar el diente a lo que será el hueso más duro de roer de la legislatura, junto al último tramo de la reforma financiera. Uno de los mayores problemas estructurales de la economía española es su baja competitividad frente a los socios comunitarios. Se le añaden después los derivados de la brusca caída de los tipos de interés, que provocó el gran endeudamiento que ahora padecemos, el estallido de la burbuja inmobiliaria y el tsunami de la crisis internacional.
Una tasa de paro por encima del 20% y que alcanza a 5,4 millones de personas no es precisamente un argumento que desaconseje la reforma laboral. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy trabajan en la elaboración de un marco laboral común para Europa que quieren presentar en la cumbre del día 30. El primer paso de ese proyecto es reducir los costes laborales rebajando la cotización empresarial a la Seguridad Social. Como se ve, el camino que señalan las dos grandes potencias de la UE no es abaratar el despido, sino el empleo.
