El propósito del Gobierno de introducir en el Código Penal la prisión permanente revisable --para la oposición, cadena perpetua revisable-- divide a los expertos, alarma a la izquierda y plantea algunos interrogantes que el miércoles soslayó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El primero de todos ellos es preguntarse por la necesidad de introducir esta pena extrema a la luz de la realidad estadística de los bajos índices de delincuencia de España y, al mismo tiempo, la altísima población reclusa que acogen los establecimientos penitenciarios. Pero hay otros dos motivos para dudar de la necesidad de ampliar la métrica penal a la prisión permanente: el primero es de orden constitucional; el segundo, conceptual.

La Constitución Española establece de forma inequívoca que el objetivo del sistema penal español es rehabilitar al condenado y lograr su reinserción. De tal manera que nuestra Carta Magna está en las antípodas del pesimismo social que alienta detrás de una pena que, por definición, tendrá una duración ilimitada, como si fuese imposible la remisión en vida del delito cometido, aunque se deje abierta la posibilidad a que “la rehabilitación determine el fin de la condena”, en palabras del nuevo ministro popular. Un criterio jurídico en el que sobresalen la inexistencia de plazos de cumplimiento y la subjetividad a la hora de establecer la rehabilitación del penado.

Esta misma subjetividad llama la atención en el argumento manejado por el Gobierno para determinar a qué tipo de delitos deberán aplicar los tribunales la nueva pena: aquellos que han alcanzado el máximo grado de repulsa social. ¿Cuáles son estos delitos? ¿Cabe imaginar una suerte de unanimidad social a la hora de elaborar la correspondiente lista? ¿Puede la repulsa social ser una vara de medir penal cuando son de sobra conocidos los mecanismos de estímulo y manipulación de la opinión pública?

En el seno de un ordenamiento penal que incluye la posibilidad de cumplir una pena de hasta 40 años, dar pasos por la senda de la cadena perpetua parece tan innecesario como populista. El Gobierno sostiene que su programa incluía este punto de la reforma de la justicia, pero, si se hubiese olvidado de él, nadie habría presentado una reclamación.