Querido lector, desde que va lo de la crisis del capitalismo (nominación que hago de la crisis en honor a una pancarta del 15-M que con razón decía: “no lo llames crisis, llama lo que es, capitalismo”), vengo escuchando y leyendo descarnadas críticas a los sindicatos, a los sindicalistas y a los empleados públicos. Hecho constatado, el de arremeter contra la peña trabajadora y sus organizaciones, que ni me extraña ni me parece original. Como ciudadano de la Vall d’Uixó, de la localidad dónde estaba la antigua fábrica Segarra, aún recuerdo cómo desde el primer momento en que aparecieron los problemas de la viabilidad de la empresa, los segarristas, los franquistas (casi eran los mismos) acusaron a los sindicatos (especialmente a CCOO) de ser los responsables de su extinción. Después, cuando bajo el nombre de Imepiel formó parte del Patrimonio del Estado, volví a escuchar que se les atribuía a los trabajadores la característica de no ser solidarios con quienes perteneciendo a otra empresa en crisis no dependían de las arcas públicas y, como consecuencia, no tenían asegurado, como ellos, ni el salario ni el puesto de trabajo. Denuncias que, en dos casos eran falsas: la empresa se hundió porque no era competitiva (sustituyó la tecnología, el conocimiento, la organización, etc., por la protección y el monopolio del franquismo) y, sus líderes sindicales, lejos de mirarse el ombligo extendieron por la provincia las organizaciones sindicales a la vez que luchaban por las libertades democráticas.

Querido lector, todo indica que lo de ahora va por el mismo camino. Los sindicatos y los funcionarios no son los culpables del desmadre que ha montado el capitalismo financiero. Son las víctimas. Aunque para entender esto, se deber decir que habiendo ganado el PP las generales y estando el PSOE reducido institucionalmente y con el miedo, lógico, de que a la mínima crítica le digan eso tan falso como manido de “es parte de tu herencia” o “tu hiciste peor”, los sindicatos aparecen como las únicas instituciones con arraigo capaces de plantar cara y oponerse a las salidas políticas neoliberales que, además de fracasar como demuestra el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, recortan derechos laborales y reducen las prestaciones del necesario Estado del bienestar. Por eso, simplemente, con la intención de quebrar la fuerza y la credibilidad de tan importante herramienta, en estos últimos tiempos la derecha política y social y sus voceros inventan mentiras como esa de que los sindicatos viven del dinero del gobierno o, incluso, peor aún, por recortar y privatizar parte de los imprescindibles servicios públicos, garantía de igualdad y cohesión social, se levantan bulos que dicen que hay exceso de gasto público, que sobran empleados públicos, que son holgazanes, etc. Realidades falsas que buscan, seguramente, aquello de que “una mentira repetida se convierte en verdad”. Lo cierto es reconocer que la principal fuente de financiación de los sindicatos son sus cuotas y la aportación del Estado solo es del 4%. En última instancia, y por honor a la verdad, cabe señalar que tanto el gasto público español (respecto del PIB) como el número de empleados públicos (en tantos por cien) están por debajo de la media europea. Datos que, sin duda, justifican la eficacia funcionarial.

Querido lector, si vergüenza me da el ver a personajes como Esperanza Aguirre criticar (por intereses personales y por justificar un mal modelo de salida a la crisis) a instituciones básicas, constitucionales y necesarias de la democracia como son los sindicatos de los trabajadores, dolor me provoca el comprobar como parte de la peña trabajadora, posiblemente por ignorancia, hacen suyos argumentos tan nefastos que, sin duda alguna, no solo no les corresponden sino, peor aún, les hace daño a ellos, a sus familias y, permíteme que lo diga como lo diría un facha: a la patria. H