El sector de la pesca de Castellón, como ocurre por desgracia en otros muchos, no es ajeno a la crisis económica que sufre el país. En los último seis años ha perdido seis barcos y 285 puestos de trabajo. Y lejos de ver horizontes más halagüeños, ahora desde Bruselas se pretenden implantar nuevas exigencias que dificultan la supervivencia de la flota artesanal. Entre ellas destacan la retirada de las ayudas a la paralización temporal (vedas) y definitiva (desguace) de la flota, la implantación de un carnet por puntos para los capitanes y propietarios de los barcos que puede llegar a provocar la paralización definitiva de la embarcación, un nuevo cambio de redes que no estaba previsto o la implantación de unos derechos de pesca transferibles que puede hacer que grandes empresas se queden con ellos y no los marineros de siempre.

Medidas que conllevan unos mayores costes económicos, que se suman al aumento del gasóleo, mientras el pescado se vende en lonja cada vez más barato.

Unas medidas que se aplican para garantizar la sosteniblidad del mar, los caladeros, pero que no han tenido en cuenta las características especiales de los marineros del Mediterráneo, que con su pesca de bajura deberían tener un trato diferente por parte de Europa.