Querido lector:

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado el plan de reequilibrio de la Comunitat Valenciana, cuestión que tiene dos consecuencias inmediatas. La primera que la Comunitat ha cumplido con las exigencias marcadas por el Ministerio de Hacienda y por tanto no será intervenida. Y la segunda, que podrá acceder a los créditos ICO con los que podrá abonar los 4.000 millones de deuda a distintos proveedores. Una inyección de liquidez a muchas empresas, microempresas y autónomos que la esperan como agua de mayo dada la delicada situación de muchas de ellas.

El recorte que conlleva el plan de saneamiento de la Comunitat Valenciana para cumplir con el objetivo del 1,5% déficit impuesto por el Gobierno será en total de 2.200 millones de euros, según ha cifrado el propio conseller de Hacienda valenciano, José Manuel Vela.

No obstante, a partir de ahora queda otro tema por resolver. La Comunitat Valenciana tiene un déficit pendiente de financiar y al igual que el resto de comunidades, no puede acceder a los mercados por los elevadísimos costes financieros que supone. Además, debe establecer políticas de estímulo al crecimiento y para la creación de empleo que precisan de financiación. De ahí que falte por resolver, entre otras medidas, la creación de mecanismos, llámense hispanobonos, emisiones autonómicas avaladas por el Estado o lo que sea, para poder solventar estos problemas de tesorería y de carencia de inversión. Hasta que esto no se consiga, las comunidades autónomas con el esfuerzo social que suponen las medidas de ajuste y recortes, no lograrán activar ningún tipo de reacción económica y corren el peligro de volver a incrementar deuda y con ello los problemas que ahora se encauzan.