Mariano Rajoy prometió que en sus 100 primeros días de Gobierno se aprobaría una ley de transparencia, de la que España carece mientras en Europa solo Malta, Chipre y Luxemburgo están en la misma situación. Con cierto retraso, el Consejo de Ministros aprobó ayer un texto mejorado del anteproyecto que se anunció a mediados de marzo y al que se han incorporado sugerencias de los ciudadanos (3.669 aportaciones se han hecho tras 78.000 consultas por internet) en un procedimiento acorde con el objetivo de la ley.

Gracias a estas sugerencias, el Gobierno ha incluido como sujetos sometidos a la ley los adjudicatarios de contratos públicos y los colegios profesionales, antes exentos. Sin embargo, pese a las peticiones en ese sentido, no se añadirá el control de la Casa del Rey porque el Gobierno aduce que no es una “Administración pública”. Aparte de lo discutible del argumento, con la exclusión se pierde una oportunidad de mejorar la imagen de la Monarquía. La ley prevé medidas positivas como la sanción o la inhabilitación de cargos públicos que incumplan un código de buen gobierno y la obligación de la Administración de atender las consultas de los ciudadanos. Sin embargo, habrá que esperar a su desarrollo y a su aplicación en la práctica.