El 27 de febrero supimos que el déficit de las administraciones públicas españolas en el 2011 fue del 8,51% del PIB, alejado del 6% fijado en su día por la Unión Europea. Para el gobierno del sr. Rajoy esta diferencia es la madre de las masivas subidas de impuestos y de todos los recortes previstos, entre los que destacan los 10.000 millones en sanidad y educación que quiere imponer a las comunidades autónomas (y que la valenciana asume con sumisión y entreguismo). Así queda reflejado en el documento que aprobó el gobierno español y envió a Bruselas hace solo tres semanas.

A la vez que se redactaba ese documento las comunidades autónomas presentaban al gobierno de España, dentro del plan de pagos, las facturas que deben a sus proveedores, y supimos que la valenciana es la campeona destacada de la morosidad, con 4.069 millones de euros pendientes de pago (lo que supone un 24% del total). Pero al revisar estas cuentas el gobierno del Sr. Rajoy se ha enterado de algo mas: las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León le han engañado con su déficit porque no habían reflejado en sus cuentas 4.000 millones en facturas que tenían en los cajones, con lo que el déficit de 2011 se eleva del 8,51% al 8,9%.

Me imagino la indignación del Sr. Rajoy al enterarse que tres de sus presidentes le habían metido gol en propia meta y habían conseguido que se cuestione su credibilidad en la Unión Europea al constatar en tres semanas que el programa de estabilidad estaba mal hecho. No es que tenga unas previsiones que con el paso del tiempo no se cumplen, eso es admisible y por eso se permite la actualización, es que tenía mal los datos del déficit, es que el punto de partida era falso.

Esta vez ya no han tenido socialista al que echarle la culpa. Alberto Fabra, Esperanza Aguirre y Juan Vicente Herrera, al frente de tres comunidades gobernadas por el PP desde hace 17 años, empeñadas en crear Bankia a partir de sus cajas ahorro, han sido pillados in fraganti en el engaño del déficit y han carcomido la confianza internacional en el actual Gobierno español, lo que nos saldrá muy caro. La explicación del Gobierno valenciano ha sido patética: al verse obligados a confesar el engaño, a la confesión le llaman transparencia. Así no es de extrañar que lo que haya sido transparente es la presencia de representantes del Gobierno de España en el congreso del PP del pasado fin de semana, no viniendo nadie y mandando con ello un claro mensaje a Alberto Fabra.

De los 4.000 millones de euros de facturas en los cajones, 1.842 corresponden a la Comunitat Valenciana, de los cuales 981 son de ejercicios anteriores a 2011 y 861 son responsabilidad del presidente Fabra. Para entender la magnitud del engaño les diré que 865 millones es el presupuesto para todo el 2012 de tres consellerias juntas: Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, Economía, Industria y Comercio y Hacienda y Administración Pública.

¿Qué consecuencias nos traerá este gigantesco engaño del Sr. Fabra al Sr. Rajoy? Además de la merma de confianza política, que se ha producido y cuya importancia no puedo valorar aún, hay una consecuencia económica que nuestro síndico Antonio Torres destacó el pasado jueves en las Corts Valencianes. La desviación de Fabra en 861 millones mas de lo que había contado implica que, o nos anuncia 861 millones de recortes mas, o en el 2012 vuelve a meter en los cajones 861 millones, o se pasará en esa cantidad del déficit máximo que tiene autorizado. Cualquiera de las tres es indeseable y no sabemos lo que hará porque como viene siendo habitual nunca contesta a lo que se le pregunta en las Corts. Lo lamentable es que lo podía haber evitado si en el 2011 nos hubiera hecho caso renunciando a seguir con derroches de los grandes eventos y tomando medidas como poner el impuesto a los grandes patrimonios. No lo hizo y ahora lo pagaremos todos, junto con lo que no está haciendo en 2012 y con la voracidad recortadora en sanidad y educación. H