Querido lector:
El adelgazamiento del cuerpo de la administración de la Generalitat continúa viernes a viernes. Ayer le tocó el turno al sector público empresarial, formado por 66 empresas y fundaciones públicas que quedarán reducidas a 18 después de disolverse, integrarse unas con otras o venderse o privatizarse unas con otras a final de año, que reducirán sus plantillas de unos 8.000 trabajadores a la mitad, lo que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 215 millones de euros.
Es lo que el presidente Alberto Fabra denomina “quitar grasa”, redimensionar el sector público para adaptarlo a los nuevos tiempos de más austeridad y de crisis. Su bisturí, según las previsiones, reducirá dos tercios el sector público empresarial en cumplimiento de los planes de reequilibrio y ajuste para llegar al déficit del 1,5%. Una dinámica en la que van a entrar todas las autonomías para no llegar al punto que protagonizó ayer el president catalán Artur Mas que prácticamente pidió a Rajoy el rescate de su comunidad, o al menos así lo interpretaron los mercados al incrementar la prima de riesgo española hasta casi los 500 puntos.
El tijeretazo al sector público valenciano, sin embargo, no garantiza la viabilidad actual de la Comunitat, como tampoco los planes de ajustes y recortes de las demás porque tienen bajo sus competencias las principales funciones del estado del bienestar: la sanidad, la educación y las prestaciones sociales --lo que supone casi el 90% de sus presupuestos-- y no ingresan lo suficiente para poder financiarlas.
A Rajoy no le quedará más remedio que permitir la financiación autonómica con acceso a deuda con mecanismos como los hispanobonos, medida paradójicamente similar a la que Europa niega a España.
