La ciudadanía ha asistido atónita a un nuevo episodio de los entresijos de los poderes del Estado, esta vez el judicial. Y, ante esa ciudadanía, han resultado poco convincentes e insuficientes las explicaciones de Carlos Dívar, que preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En entredicho están sus viajes, con fin de semana en hotel y restaurantes de lujo incluidos, porque el erario ha corrido con los gastos derivados de ellos. Dívar negó ayer que hubiera cometido irregularidades, denunciadas desde el seno del CGPJ y luego rechazadas.
Del revuelo los españoles han tomado nota de que la judicatura tiene “semana caribeña”, que los planes de austeridad no llegan a todos los rincones de la misma manera, que la transparencia no es una señal destacada en la actividad judicial, que en sus desplazamientos la autoridad judicial arrastra un séquito de coches oficiales y escoltas, y que en el CGPJ se libra una guerra de colores políticos de la que este caso puede ser solo un aperitivo. Con la decisión de modificar el sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón solo pone un parche, que agradecen los conservadores, donde hay que usar un bisturí. Continuará.
