La economía sumergida alarga sus tentáculos a medida que se agrava la recesión. Más aún en el mercado del alquiler, tradicionalmente propenso a transitar al margen del control público. En pleno tsunami de desempleo y con el ladrillo deprimido, el porcentaje de arrendamientos de viviendas que no se declara al fisco ha recuperado la senda del crecimiento.

En la provincia de Castellón se estima que existen hasta 30.000 apartamentos alegales, cuyos dueños tienen la oportunidad de obtener un 40% más de ingresos que si son dados de alta como marca la ley, es decir, que evaden la tributación fiscal. Así que solo seis de cada diez contratos de alquiler se someten al control de Hacienda. No en vano, las únicas grandes economías que tienen una economía sumergida mayor que la de España son Grecia e Italia, según estima la OCDE.

Una reforma del mercado de alquileres, que tanto se ha demandado durante los últimos años, permitiría dar salida al stock de viviendas sin vender -la mayoría de ellas en la costa cuando de la provincia de Castellón hablamos- y facilitaría la demanda de alojamiento en un momento en que el acceso a la compra de vivienda puede resultar difícil.

Pero todo debe hacerse con arreglo a la ley para que paguen quienes más tienen.