Querido lector:
La trágica muerte del vecino del Grao cuando de la forma más desprendida y generosa que puede existir se lanzó al mar a salvar a unos niños, ha reabierto de la peor forma posible el debate de la seguridad en las playas. Si a este luctuoso hecho añadimos además las muertes de varios bañistas en las playas provinciales casi sin comenzar el verano, obtenemos un debate cierto, que se produce prácticamente todas las temporadas turísticas y que siempre nos conduce al embudo de una doble solución: apelar a la lleva a la responsabilidad individual y a la responsabilidad pública.
La primera es la de todos los ciudadanos que disfrutamos las vacaciones estivales en la costa. Debemos observar las normas, al igual que lo hacemos en el desempeño del trabajo, en el cumplimiento de las normas de tráfico o en cualquier otra actividad de la vida. Por estar de vacaciones no se deben relajar los comportamientos, nos va en ello nuestra propia seguridad particular y también la de los demás.
Y la segunda, es la que deben cumplir las administraciones públicas, la que los ciudadanos tenemos derecho a exigir y la que la administración tiene la obligación de gestionar. Y claro, en este ámbito es sin duda en el que siempre habrá discrepancias en función de cada acontecimiento y de sus circunstancias concretas que la rodea.
En el caso de la muerte de la playa del Pinar, tras el debate y la alarma social abierta, es obligación de la administración, en este caso la municipal, iniciar una investigación, incluso independiente de la judicial si la hubiere. No solo para delimitar responsabilidades, sino también para solventar deficiencias que puedan ser evitables y prevenir con planificación un buen servicio de protección al ciudadano.
