A Paraguay le costó 61 años salir del Gobierno corrupto y dictatorial del Partido Colorado y le ha costado menos de cuatro entrar en una crisis política que fácilmente puede desembocar en una situación parecida a la vivida en Honduras hace dos años, cuando fue destituido Manuel Zelaya. El exobispo Fernando Lugo llegó democráticamente al poder en el 2008 representando a una población pobre y desasistida, pero no tuvo una mayoría sólida y ha gobernado apoyándose en una variopinta coalición. Enfrente ha tenido a una derecha compacta dispuesta a recuperar el poder. La debilidad parlamentaria de Lugo, los escasos resultados de sus políticas, la pérdida de apoyos y los escándalos en los que el exobispo se ha visto obligado a reconocer la paternidad han carcomido su Gobierno.

La oposición ha encontrado en la violencia, con muertos, de la ocupación de unos terrenos por unos campesinos la excusa para deshacerse del presidente mediante una aparentemente legal destitución por el Senado. Pero cuando a un acusado se le dan solo 24 horas para preparar su defensa resulta difícil hablar de legalidad. No es extraño que lo ocurrido se vea como un golpe. Lugo no habrá sido un gran gobernante, pero la forma en que ha sido destituido merece el repudio absoluto.