Los datos sobre la ejecución presupuestaria ofrecidos ayer por el Gobierno revelan en toda su crudeza los límites de las políticas de ajuste del gasto. El déficit público de la Administración central hasta mayo ha sido del 3,41% del PIB, lo que supone un aumento del 30,6% en relación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, a esa cifra negativa hay que aplicarle dos consideraciones importantes para evaluarla en su justa medida.

Dado que este año se han producido adelantos a otras administraciones públicas que no tuvieron lugar en el 2011, el porcentaje real de déficit en términos homogéneos es del 2,38%, por debajo del 2,56% del año anterior. También se debe considerar lo que dijo ayer la secretaria de Estado de Presupuestos en el sentido de que aún no ha habido tiempo material para que todas las medidas adoptadas desde enero den sus frutos. Es de desear, como confía Marta Fernández Currás, que en el segundo semestre se conozcan resultados más esperanzadores.

Pero, y a pesar de los atenuantes, en el mejor de los casos el déficit público de los primeros cinco meses del año está muy lejos de la senda que permitirá cumplir los objetivos pactados con Bruselas: 3,5% para la Administración central y 1,8% para las autonómicas. De seguir al ritmo conocido ayer, el déficit central ya desbordará el compromiso global del 5,3%, dado que quedará en el 5,7%.

Pero lo más complicado no es eso, sino lo que apuntan las recaudaciones de los distintos impuestos, especialmente en este momento, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, ya sea por indicación externa o por propio convencimiento, ha llegado a la conclusión de que ahora no basta con recortar; hay que ingresar más, hay que subir impuestos. Los indirectos son los que más han caído en los cinco primeros meses del año, como ocurre con el IVA, al que la atonía del consumo de las familias ha afectado hasta recaudarse un 10,1% menos que en el mismo periodo del 2011. Los impuestos especiales tampoco tuvieron una buena evolución, con un descenso del 2,8%. O sea, que los datos no respaldan los planes de subir el IVA para productos y servicios con los tipos reducidos del 4% y del 8%; y tampoco parecen animar a implantar el céntimo verde de los carburantes.