Una parte del carbón que se extrae en España no es competitivo respecto del que se produce en otros lugares. De ahí que el Estado subvencione cada año esta industria; de otro modo, las centrales térmicas importarían toda la materia la prima, como ya hacen las que funcionan con gas. España había pactado con Bruselas acabar de forma paulatina con esas ayudas en el 2018. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo un recorte del 63% en la cantidad de este año en los Presupuestos. El PP quiere acelerar el proceso de liberalización. Como pasó en el primer mandato de José Maria Aznar, cuando se puso la directa en la apertura de la economía española con una liberalización solo homologable a la británica.
La experiencia enseña que aquella rápida transición tuvo sus consecuencias negativas, como la desindustrialización del país que ahora tanto notamos. El Gobierno debería recapacitar e ir más allá de las doctrinas liberales. Una parte del sector del carbón puede ser competitivo y para el interés general resulta estratégico contar con fuentes energéticas autóctonas con las que compensar una situación en la que la dependencia absoluta del gas nos convirtiera en rehenes de otros países.
