Hoy entra en vigor el sistema de copago de los medicamentos que ha fijado el Gobierno central. Este método se basa en la renta de cada usuario y no en su situación laboral, tal y como ocurría hasta ahora. La aplicación de esta medida es tan compleja, y tan precipitada su preparación, que todos los estamentos implicados anuncian más problemas que ventajas, así como molestias evitables. Los primeros los farmacéuticos, que ya han anunciado posibles problemas con la tecnología que deberán aplicar para conocer cuánto deben cobrar.

El Gobierno, sin embargo, lo aplicará hoy, tal como establece el texto que lo instrumenta, recogido en un real decreto como si se tratase de una medida urgente. La ministra de Sanidad, Ana Mato, debería haber atendido a quienes le pidieron prudencia y esperar a tener listo el dispositivo para no irritar más a los ciudadanos, que además de pagar tendrán que ver como sus ingresos se hacen públicos.

A todo ello se suma la medida de que, a partir del 1 de agosto, 426 fármacos quedarán fuera de los beneficios de la Seguridad Social. Es posible que sea necesario excluir algunos, pero llamar a eso actualización del nomenclátor, como hace el Ministerio, es poco serio, como lo fue presentar la larga lista sin una memoria técnica que la justifique.