Esta semana se han cumplido 11 meses desde la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno tras una victoria electoral en la que los españoles mostraron con creces su descontento con la gestión del Partido Socialista.
A lo largo de estos meses hemos sufrido un adverso escenario económico, caracterizado por una crisis económica internacional con profundo impacto en Europa y agravada en nuestro caso por una administración sobredimensionada, un sistema financiero estancado e incapaz de ofrecer liquidez a las empresas y una legislación laboral obsoleta. Como reacción en cadena, nos encontramos con una severa reacción sobre los que estamos más cerca de las personas: los ayuntamientos.
Con esta grave situación, la administración pública debe estar más preparada que nunca y actuar con determinación. Pero también con sensibilidad y coherencia hacia el presente y el futuro de los españoles. Y eso supone ser responsables y actuar con medidas excepcionales difíciles de tomar, de explicar y de entender. Pero necesarias. Medidas que correspondía tomar en otra época, cuando aparecían los primeros síntomas de una crisis económica que el Partido Socialista se apresuró en negar y que nos ha llevado a una situación difícil para las familias, para las empresas y para las administraciones públicas. Porque a esta situación no nos ha llevado solo la crisis: a esta situación nos ha llevado especialmente la falta de medidas contra la crisis.
El déficit heredado del Gobierno socialista en materias como la sanidad o la educación, las deudas millonarias de un país entero, un paro desbordado que afecta a las familias de una forma sin precedentes y en especial a los jóvenes, el agujero en todos los ministerios y los impagos constantes a proveedores han sido las condiciones en las que el Gobierno de Zapatero dejó a España tras 8 años de inactividad y desafortunada gestión.
Sin duda, las medidas tenían que ser inmediatas y contundentes, porque ya no quedaba margen para maniobras, ni espacio para oportunismos electoralistas, ni para el marketing vacío, ni tiempo para evitar un desenlace peor para nuestro país. Esas han sido las razones que han llevado al Gobierno popular a actuar para garantizar lo que tanto nos ha costado a los españoles: alcanzar un estado del bienestar ejemplar.
Es así como el Gobierno de Mariano Rajoy ha introducido la austeridad y el rigor en las administraciones públicas, reduciendo en un 20% las estructuras orgánicas, ha activado un plan de pago a proveedores que ha saldado las deudas a muchas pymes, está reformando el sistema financiero para que vuelva a fluir el crédito entre pymes y autónomos, ha reestructurado el sistema bancario, ha aprobado una reforma laboral que agiliza la contratación y evita despidos, ha aprobado una reforma educativa que mejora las oportunidades profesionales de los jóvenes, ha impulsado reformas en el Sistema Nacional de Salud que racionaliza el gasto Farmacéutico y está cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y todo ello sin renunciar a los más importante de todo: garantizar los derechos sociales.
En este escenario adverso, también las entidades locales hemos tenido que adoptar medidas. Desde que asumí la alcaldía de la ciudad de Castellón hace poco más de un año, hemos puesto en marcha un plan de ajuste que nos ha permitido ahorrar alrededor de 10 millones de euros este año gracias a renegociaciones de contratos, a la introducción de criterios de eficacia en la gestión, a priorizar lo básico por encima de lo prescindible y, sobretodo, a racionalizar el gasto público.
Medidas todas ellas que han priorizado la atención social y la apuesta por una ciudad sostenible por encima de todo. Una ciudad sostenible no soo en lo medioambiental, sino también en lo social y en lo económico. Que siente las bases para un futuro de oportunidades, para combatir el desempleo, para que las cuentas públicas dejen de ser un lastre y sean una herramienta al servicio del progreso de Castellón y permitan diseñar y desarrollar una ciudad moderna del siglo XXI. H
