Querido lector:
No sé si será constitutivo de delito o de infracción administrativa, medioambiental o de salud pública o todo junto, pero manifiesta y objetivamente más de 40 toneladas de material con amianto considerado residuo tóxico y peligroso han permanecido cerca de año y medio al aire libre y en zona de acceso fácil sin ningún tipo de control, ni tratamiento, ni plan de recogida, ni traslado a un vertedero adecuado. Pero algo debe ser porque tras la denuncia publicada en Mediterráneo, al menos la fiscalía va a investigar.
No obstante, en este asunto medioambientalmente grave, según todos los indicios, converge un otro particularmente significativo que es necesario denunciar. Y no es otro que la deficiencia del sistema, que no solo no ha funcionado sino que claramente se ha revelado incompetente e inútil.
Porque la Guardia Civil en su día interpuso denuncia en el juzgado como tocaba, como un supuesto delito por el riesgo que suponía la naturaleza de los materiales para la salud pública. Y trasladó la copia de la denuncia a la fiscalía. Y por eso se sabe que se presentó.
Pero, vaya a saber usted por qué, esa denuncia se pierde. No es que se desestime tras una investigación judicial o no se tramite por la causa que sea. Es que literalmente se pierde. Tanto es así que hoy por hoy nadie sabe dónde está ni a qué juzgado pertenece. Si no hubiera copia de la fiscalía incluso posiblemente se nos diría que no hubo ni denuncia.
Consecuentemente no se ha iniciado investigación alguna ni se ha adoptado ningún tipo de solución. Y no extraña cuando desde los juzgados se informa de que no están informatizados y de que tramitan 52.000 diligencias al año en papel. Desde luego, no extraña tal y como está la Justicia, casi como en el XIX.
