Hoy tenía el propósito de culminar una serie de cuatro artículos dedicados íntegramente a nuestra alternativa para la provincia de Castellón. Los acontecimientos del fin de semana refuerzan sobremanera el contenido previsto: la regeneración de la administración. Efectivamente, el encierro de los alcaldes socialistas de la provincia de Castellón en la sede del Consell de la Generalitat constituye ya un hito en la historia del municipalismo castellonense. Ha sido un ejercicio cívico, pacífico y pedagógico de responsabilidad ante la desvergüenza y la morosidad del gobierno de los valencianos.

Fabra nos debe alrededor de 200 millones de euros. No, no es una deuda fría entre administraciones. No es un desajuste entre instancias públicas que pueda observarse en términos burocráticos. Es una injusticia integral. Una burla sin precedentes. Es una deuda que afecta directamente a los rostros de la crisis. Es decir, a los rostros calientes de los ciudadanos. Afecta y condiciona negativamente la prestación de los servicios públicos, educativos, sociales, formativos, etc. Significa más paro, menos bienestar, menos derechos.

La deuda acumulada desde hace años nos permite extraer algunas conclusiones válidas para formular alternativas al modelo obsoleto y carcomido que todavía arrastramos. Aunque resulte triste e inverosímil, todos aquellos que se han relacionado con el Consell (asociaciones, proveedores, contratistas, oenegés, ayuntamientos, autónomos, dependientes, etc) han acabado hundiéndose, han acabado cayendo, tambaleándose, cerrando o, por qué no decirlo en el caso de muchos dependientes, han acabado muriendo aguardando respuesta al reconocimiento de sus derechos asistenciales. Todas las banderas que se han alzado en los últimos meses por diferentes colectivos castellonenses son legítimas y justas (recordemos el caso más mediático de los farmacéuticos y otros tan nobles como los discapacitados, síndrome de down, alzhéimer, etc). Ahora tocaba y toca el caso de los ayuntamientos, la primera línea de defensa de las aspiraciones de los ciudadanos; la primera y, tal vez, la última trinchera de las libertades y los derechos de la gente.

Por eso, los alcaldes socialistas han tomado la iniciativa en defensa de todos. Estoy absolutamente persuadido del carácter general de nuestra demanda. Conecta con el espíritu y el deseo íntimo de todos los ciudadanos y munícipes castellonenses. Por eso encendimos 135 velas, una por cada pueblo de la provincia. Lo que se nos debe a los ayuntamientos es una deuda directa a las personas. Muchos ayuntamientos con poco pulso financiero han acabado arruinándose, ahogados por los impagos. Otros se han endeudado hasta las cejas adelantando el dinero que no llegaba nunca de Valencia, etc.

Necesitamos una nueva arquitectura institucional. Basada en la autonomía local y la suficiencia financiera. Un modelo inspirado por el principio de subsidiariedad y la lealtad entre todos los actores públicos. La Diputación Provincial se ha puesto de perfil en este drama democrático que estamos viviendo. Calla. Otorga. A su bola propagandística y poco más. Magnificando sus gestos rutinarios que no cambian nada en la vida real de las ciudades y sus ciudadanos. Este fin de semana todos hemos sido alcaldes socialistas. Todos nos hemos sentido inmensamente orgullosos de su coraje, responsabilidad, solidaridad y de su lección de modos y modales. Grandes en la dignidad. H