Los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo prevén un gasto de 127.484 millones en pensiones, lo que supone casi un 5% más que este año y casi el 36% de todo el presupuesto consolidado. Si a esas cifras añadimos las perspectivas de futuro, tanto desde el punto de vista de la pirámide demográfica como de la proyección de las cotizaciones, tendremos un cuadro bastante realista de la situación del sistema público de pensiones español. Pero eso no parece suficiente motivo para que el Gobierno congele en la práctica las rentas de los jubilados con una subida simbólica del 0,25%. Y tampoco justifica que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trate de convencernos de que las pensiones apenas perderán poder adquisitivo porque en noviembre de este año el IPC rondará el 0,7%. La realidad es que los presupuestos prevén un IPC del 1,5% para el 2014, por lo que las pensiones perderán cerca del 1,25%.
Esa precipitada aplicación del nuevo sistema de actualización de las jubilaciones, la congelación de los salarios de los funcionarios por cuarto año consecutivo y la reducción de los subsidios a los desempleados -un 5% menos- son los tres rasgos esenciales de los ajustes con que el PP trata de adaptar los gastos a los ingresos para reducir el déficit.
