Doce años después, el Partido Popular ha tenido que entrar en razón y aparcar su empeño en poner palos en las ruedas de las comunidades autónomas en relación al impuesto sobre los depósitos bancarios. El Ministerio de Hacienda negocia con ellas la creación del citado impuesto, que tiene carácter autonómico, según fallo del Tribunal Constitucional. El propósito es fijar un tipo máximo para que cada comunidad lo aplique a las entidades bancarias en función de los depósitos procedentes de su territorio. El escollo está en cuantificar el porcentaje, donde las posiciones están alejadas.

El Gobierno del PP recurrió en el 2001 este impuesto, creado por primera vez por el Ejecutivo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pese a que el Constitucional consideró que Extremadura actuaba correctamente, el Gobierno pleiteó contra la creación de las mismas figuras en Andalucía y Canarias. Luego creó el impuesto con rango estatal, pero de tipo cero para así dejar en papel mojado el espíritu de la ley. Y también impugnó los intentos de Cataluña y Asturias. Ahora, a la vista de que su filibusterismo no tiene respaldo legal, cambia de actitud y admite, aunque no lo haga en público, que, contrariamente a lo que en su día proclamaba, una tasa de estas características no rompe la unidad de mercado.