Querido lector:
El debate sobre los toros en general provoca debates encendidos. Bien sea entre los mismos aficionados, bien entre los contrarios a la fiesta taurina o entre la ciudadanía en general sea aficionada o no. Y este debate social no es ajeno al debate político cuando por obligación debe regular normativas, medidas económicas, reivindicaciones ciudadanas, solicitudes de festejos o políticas turísticas relacionadas con este asunto, máxime en una provincia como la de Castellón de consolidada tradición taurina, de potente industria relacionada y de amplísima cultura de la fiesta relacionada con el toro.
Así, esta semana el debate sobre la necesidad de convertir el tradicional bou al carrer en bien de interés cultural ha vuelto a retomarse tras el archivo que sufrió la iniciativa hace unos años por incumplir la condición que marca la ley de patrimonio cultural de la Comunitat de ser aprobado por dos órganos consultivos a fin de ser declarado BIC. Y lo ha hecho en el seno, entre otros, del Ayuntamiento de Castellón y de la Diputación Provincial.
En ambos ha contado con la abstención o voto en contra de PSPV, Compromís y EU por diferentes motivos. En esta última formación porque el ADN de su ideario es contrario a esta tradición, Compromís porque argumenta motivos electorales del PP y el PSPV por motivos de incorrección en la tramitación.
Sea como fuere a nuestros políticos hay que puntualizarles algunas cosas. Primero, en Castellón se realizan casi 3.500 festejos taurinos todos los años; la práctica totalidad de los municipios de la provincia gobernados por el partido que sea celebra actos taurinos; el mundo del toro en Castellón implica una industria que supone una actividad económica de cerca de 200 millones de euros al año y más de 6.000 puestos de trabajo, según datos oficiales; y es la actividad social que más miles de castellonenses moviliza.
Es una realidad objetiva que no puede ser desdeñada ni ocultada y mucho menos dejar de ser abordada. Guste o no guste a nivel particular el bou es inherente a la provincia y por tanto una obligación política.
