Que en España las políticas de apoyo a la infancia tienen aún mucho trecho por recorrer es una evidencia que el último informe del Unicef vuelve a recordar de forma descarnada. Bastan dos datos del exhaustivo estudio: el 27,5% de los niños españoles (es decir, 2.306.000) viven bajo el umbral de la pobreza, y la dotación presupuestaria destinada a la infancia ha disminuido un 14,6% en los tres últimos años. Razones más que suficientes para que la oenegé plantee la necesidad de un pacto de Estado que revierta una tendencia. No por tópico deja de ser cierto que el futuro de un país depende en gran parte de la capacidad y la preparación de las nuevas generaciones, con lo que hay que preguntarse: ¿qué España prefigura el hecho de que la pobreza esté más extendida entre la infancia que entre los adultos?, ¿cómo puede mejorar una sociedad en la que el abandono escolar supera el 23%? El estudio del Unicef incluye un dato inquietante: además de dedicar mucho menos dinero que la media de la UE a la protección social de la infancia, España es muy poco eficaz en este terreno. Más que medidas basadas en postulados ideológicos, como la ley del aborto en ciernes, el país debe proteger a sus menores con políticas activas en pro de la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
