La reunión celebrada ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue una nueva demostración de que las relaciones del Gobierno central y las autonomías que no están gobernadas por el PP distan mucho de estar presididas por el mínimo de sinceridad necesaria en política.

No de otra forma cabe considerar el propósito del ministro de Hacienda de obligar a las comunidades que aplican los tipos máximos del tramo autonómico del IRPF a tener que ratificarlos explícitamente si quieren mantenerlos cuando entre en vigor, en enero del 2015, la reforma fiscal que estos días pregona el Ejecutivo. Es decir, traducido a la realidad, que Cristóbal Montoro quiere que las comunidades carguen con el coste de la impopularidad de no aplicar la presunta rebaja fiscal que ultima el PP. Pero eso, que sería un objetivo legítimo, se convierte en un argumento poco menos que falaz cuando al mismo tiempo el Ejecutivo centrifuga hacia las comunidades el objetivo de déficit y las hace pasar como malas administraciones ante las autoridades de Bruselas. Finalmente, el ministro rectificó en la reunión del CPFF, pero lo sucedido no es un buen presagio cara a una revisión del modelo actual de financiación. Y además, confirma que la reforma fiscal en curso tiene mucho de tramposa.