Ha pasado ya un año desde que la planta de gas Castor, instalada frente a la costa de Vinaròs, provocara los primeros temblores que desataron un justificado temor entre la población más próxima. La empresa Escal UGS empezó a inyectar gas colchón durante junio del 2013 y la reacción sísmica no se hizo esperar pese a las dudas iniciales sobre su origen.

Durante este periodo de tiempo, toda la sociedad civil -y política- de la provincia ha reivindicado, no solo la paralización de la actividad, sino el completo desmantelamiento de la instalación. En esta ocasión, no han primado los colores partidistas, pues más allá de cualquier interés personal, la seguridad de los vecinos ha marcado todas las prioridades.

No obstante, en la actualidad, el Gobierno sigue dilatando la gran decisión: el cierre definitivo. El ministro Soria defiende la espera con el argumento de que estás esperando un informe externo que vincule los terremotos con la actividad gasística, un hecho, que, por otro lado, ya han costado distintos trabajos de investigación realizados por organismos cualificados.

Pero al margen de decisión del gobierno, cada vez parece más evidente que los 1.400 millones que costará el cierre los pagaremos, entre todos, en la factura eléctrica.