Querido lector:
Los empresarios de Castellón ya han cumplido con su función, que no es otra que ponernos en alerta sobre la gravísima situación a la que se aboca a nuestra economía sin el elemento dinamizador de las inversiones públicas y denunciar la doble discriminación a la que se ve sometida la provincia de Castellón en esta materia por parte del Estado y de la Generalitat. Los datos publicados por Mediterráneo el miércoles eran escalofriantes: solo seis millones de euros entre ambas administraciones en el 2014, cuando la economía provincial precisa al menos de 150 ó 200 millones anuales para, en un periodo razonable, acometer las infraestructuras que necesita a fin de competir en igualdad de condiciones, no lastrar nuestro futuro y poder crear empleo.
Los empresarios castellonenses son claros. Por mucha iniciativa empresarial que haya y aunque comience a fluir el crédito a mejor precio, si las administraciones no cumplen con su obligada función de crear las infraestructuras marco, las empresas no podrán ser competitivas y por tanto no podrán desarrollar la economía y crear empleo.
Estas denuncias castellonenses más específicas, sumadas a las que iniciaron las patronales autonómicas a principios de verano, ambas dirigidas al poder político territorial, en nuestro caso a la Diputación y en Valencia a la Generalitat, no han tenido respuesta por quien la tiene que dar. Es más, los proyectos que acaparaban mayor inversión, como es el corredor mediterráneo, están sufriendo retrasos.
La Generalitat que gobierna Alberto Fabra, que suma ante el Gobierno central a las reivindicaciones empresariales una reiterada petición de mayor financiación autonómica pública debido a la gravísima discriminación que sufre la Comunitat, ha sido ninguneada, al igual que los empresarios, de la forma más despreciativa. Sin respuesta.
Es como si para el Gobierno de Rajoy la Comunitat Valenciana no existiera o estuviera apestada. Y lo peor, desde aquí, no hay reacción, ni medida ni desmedida. No la hay, y eso es aún más grave.
