El TRAM no ha sido únicamente la batalla judicial más amplia y áspera del gobierno del PP en la ciudad de Castelló. Ni debe valorarse su andadura por los distintos tribunales y la actuación de tres alcaldes de esa ideología, como obcecación de sus dirigentes. Es sin duda el ejemplo más palpable de una manera autocrática y excluyente de entender la vida pública. Ellos hicieron práctica permanente del urbanismo a la carta, con la autorización expresa o tácita de pequeñas irregularidades, ejecutaron proyectos a petición, dejaron hacer, desviando la mirada para no ver la infracción. Ellos mismos, en este tema, no quisieron ni siquiera hablar con colectivos que demandaban consenso, cerraron los ojos ante las manifestaciones y demandas públicas de millares de vecinos, que exigían un respeto por el patrimonio.

Su actuación no solo es modelo de autismo ante la ciudadanía, ha sido una política desalmada, dejando de intervenir en su mantenimiento y mejora, para que se arruinara como parque público y como patrimonio centenario. Así tenían una excusa para actuar según sus intereses, justificaban que sus decisiones mejoraban el recinto. Nunca un proyecto de la ciudad tuvo tanto rechazo social como institucional, no en balde cinco instituciones consultivas del mayor prestigio, como tres universidades, el Colegio de Arquitectos o el Consell de Cultura, elaboraron informes contrarios. El PP es miope y desconsiderado al afirmar que defendían intereses particulares, o que sus miembros son de ideología contraria.

Al alcalde Bataller le ha tocado en suerte el final del proceso judicial. Sin duda, no es responsable de las decisiones anteriores, pero no ha querido ni sabido enmendar la plana y volver a un camino de sensatez, de consenso o de respeto a la historia y al patrimonio. ¿Imaginan un alcalde que después de sentencias desfavorables en todas las instancias, se empeñe en no acatar una orden del Supremo? Ayer mismo, este medio, daba fe de su obcecación.

Lleva unas semanas buscando consensos y nuevos dictámenes favorables a las mismas instituciones que los emitieron negativos. El dialogo es siempre conveniente, pero no al final de un litigio. Anuncia la redacción de planes especiales del entorno de Ribalta para permitir el paso del autobús, cuando ellos mismos no han sabido o querido redactarlo en veinte años. Propugna desde su cargo una desobediencia civil a una sentencia del supremo, en un proyecto que ni siquiera exigió hacerlo, diseñado desde la Conselleria. Qué cansino y mal aconsejado. Un alcalde no solo cumple las sentencias y las normas, exige su ejecución. H

*Secretari general local del PSPV-PSOE de Castelló