En la primera comparecencia ante la Audiencia Nacional de un presidente en ejercicio del FC Barcelona como imputado por un delito fiscal, Josep Maria Bartomeu optó por negar cualquier responsabilidad en el entramado de contratos que Sandro Rosell diseñó para fichar a Neymar y alegar que la acusación de la fiscalía no se correspondía a una infracción penal sino a una “discrepancia puramente tributaria”, en función de si se consideraba el criterio del año devengado (un 24,74% al no ser Neymar residente en el 2013, cuando se firmaron los contratos) en lugar del criterio de imputar por el año en que se pagaron los 5,5 millones al astro brasileño (un 52%, al ser ya residente fiscal en España en el 2014).

También negó que las empresas vinculadas a Neymar fueran la “entelequia instrumental” que denuncia la Agencia Tributaria. Sin llegar al extremo del propio Bartomeu cuando achacó la presencia del Barça ante el juez Pablo Ruz a una campaña de “los poderes del Estado”, muchos expertos coinciden en que no hay tal delito sino interpretaciones distintas. La maraña en que se ha convertido el caso y las dudas sobre el posible fraude del fichaje exigen una depuración de responsabilidades que debería producirse cuanto antes mejor.