Reconocer derechos es una de las mayores grandezas de la política. La política en mayúsculas. Reconocer derechos y protegerlos es deber del estado. Para eso queremos el estado y justificamos la existencia de la política. Hacer leyes que abriguen derechos nuevos y amarren también derechos viejos.
La historia demuestra que todo es reversible y que nunca puedes bajar la guardia cuando de conquistas sociales se trata. Cuando piensas que has alcanzado algo grande e inmutable porque sobran razones y justicia, todo puede empeorar.
Claro que existe el camino de vuelta. Lo estamos viendo en estos años. Nunca en tan poco tiempo un gobierno desmontó tantos derechos y libertades. La libertad que anda ligada a la dignidad que los individuos.
No se puede ser libre ahogado en la exclusión social. Esa es una condena que no se compadece con la libertad reconocida formalmente en las leyes. Esa es una condena que se ancla en también en la política.
Las políticas que desplazan a las personas del centro de sus intenciones. Las políticas que, en su ideario, anteponen el mercado y el sálvese quien pueda. Los que hablan de adelgazar el estado pero ellos están cada día más orondos. Orondo es una forma de decir gordo. Gordo desde el prisma de la cuenta de resultados. Cada recomendación de las instituciones financieras que apuesta por recortar el estado social es un jaque mate a la dignidad de los más indefensos.
La política tiene su pleno sentido y alcanza grandeza cuando se alinea con los indefensos. Cuando reconoce el trabajo el organizaciones como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). En estos momentos abanderan una campaña contra el copago confiscatorio que puede hundir en la miseria a los dependientes y sus familiares.
Este es un artículo que no juzgará entre buenos y malos. Cada cual que saque sus conclusiones. Pero, resulta evidente que no es lo mismo construir un estado social que destruirlo con una voladura controlada por causas ideológicas.
No es solo la crisis. Son las ideologías de la austeridad y del clasismo social las que han acentuado escandalosamente la desigualdad en este país. El copago que autonomías como la valenciana habían perpetrado es un robo. En esta provincia de Castellón miles de dependientes han muerto esperando la satisfacción de un derecho reconocido. Un derecho que, gracias a la ley de un gobierno digno, pasaba a ser subjetivo. Es decir, vinculado íntimamente a la condición de ciudadano, reclamable ante los tribunales si te lo arrebatan.
*Secretario general provincial del PSPV-PSOE y portavoz en la Diputación
