Hace 25 años se aprobó la primera ley valenciana de cajas de ahorros que propició que Bancaja y CAM llegaran a ser la tercera y cuarta cajas de España. Durante años se gestionaron bien, con profesionalidad, por personas honradas que respetaron el importante papel socioeconómico de las cajas. Así fue hasta que apareció el president Zaplana.

En el libro de Adolf Beltran Emili Tortosa: Converses amb un directiu compromés abochorna leer cómo se pide a los responsables de las cajas que hagan lo que el president pide, cómo se les amenaza y cómo Zaplana cambió la cúpula de las cajas porque no se sometían a sus caprichos.

Con la llegada del president Camps las cosas empeoraron. Camps se apropió de los nombramientos de consejeros de las cajas por Les Corts y eligió como presidentes de CAM y Bancaja al Sr. Crespo y al Sr. Olivas (exconseller de Economía, del que dependían las cajas, y expresident de la Generalitat). Crespo y Olivas desempeñaron cargos que por la ley valenciana eran gratuitos pero idearon métodos para enriquecerse con ellos de forma indecente mientras permitían que las cajas financiaran los caprichos políticos de Camps y asumieran las pérdidas milmillonarias de las empresas de los grandes amigos del PP (Cotino, Salvador y Enrique Ortiz).

Como consecuencia los valencianos perdimos Bancaja y CAM y entre todos pagamos caro los desmanes que ahora están en el juzgado. Sin embargo, Caixa Ontinyent no ha tenido problemas porque siguió gestionada de forma honrada y responsable.

Esta semana se ha discutido en Les Corts la modificación de la ley valenciana de cajas de ahorro para adaptarla a la nueva normativa. El Consell de Fabra plantea una modificación indignante que parece hecha por Crespo y Olivas ya que no impide ninguno de sus desmanes. Deja abierta la puerta giratoria que permitió a Olivas pasar del Consell a la presidencia de Bancaja. Permite los métodos que emplearon Crespo y Olivas para enriquecerse y aprueba por silencio positivo indemnizaciones escandalosas por cese de los directivos. Impone un secreto a las deliberaciones de todos los órganos de gobierno y a sus acuerdos en lugar de establecer su publicidad. Para colmo el Consell presume de aumentar la representación de los impositores en la asamblea general y disminuir la de la administración, cuando hace lo contrario: a los impositores les asigna el mínimo legalmente posible del 50% y a la administración el máximo posible del 25%.

Los socialistas hemos enmendado estas barbaridades y ya les contaré como acaba la ley. H

*Diputado autonómico PSPV