Querido lector:

De nuevo el problema de las tascas asalta a la ciudad de Castellón y de nuevo el Ayuntamiento de la capital debe lidiarlo, esta vez con un nuevo gobierno municipal, que inteligente pero obligadamente también, va a abandonar la vía judicial en la que la situación estaba inmersa para explorar una nueva forma de solución, la mediación extrajudicial con los denunciantes.

El caso estaba viciado de raíz como ya he explicado en esta misma columna varias veces. La asociación de vecinos que inicia la denuncia por incumplimiento del ruido en una zona ZAS de Castellón y que ha provocado el enquistamiento del problema y ha llevado al Ayuntamiento a modificar ordenanzas y establecer medidas en función de las sentencias judiciales en aras de conservar esta zona de ocio de la misma forma que tienen la mayoría de ciudades españolas como no existe, no tiene vecinos.

Se trata de una asociación operativa disfrazada de vecinal que representa los intereses de un particular, de una empresa, por el acceso de un párking y que, utilizando todos los recursos legales a su alcance argumenta el ruido y las regulaciones municipales y autonómicas sobre beber alcohol en la calle como causa de litigio para conseguir sus fines, que pasan por vaciar las tradicionales calles de las tascas.

El vicealcalde Enric Nomdedéu, al dar cuenta de la nueva vía por la que quiere el consistorio abordar una solución lo expresó sin pelos en la lengua, muy propio de su peculiar estilo y coherente con lo dicho cuando era oposición. Y ya era hora de que una autoridad municipal lo hiciera así tras años y años de distorsión judicial, regulatoria y política.

Desde este nuevo punto de partida y con las cosas mucho más claras solo hay que recomendar al nuevo ayuntamiento que no ceda demasiado, una vez desenmascarada la verdadera realidad del problema, y que intente conseguir que esta tradicional zona de ocio de Castellón siga siéndolo, siempre por supuesto cumpliendo las normativas legales existentes o las decisiones judiciales que se apliquen.