Dos días faltan para el 1 de octubre y parece que, cada vez con mayor asiduidad, las afrentas directas asuman a discursos, interpelaciones y declaraciones con respecto a Cataluña. Esto es así, porque aquellos que se han propuesto romper la legalidad y el estatu quo de nuestra democracia, no solo quieren obtener una cacareada independencia insensata e irrealista, sino que además, lo que pretenden en fomentar una ruptura social que esconda otras vergüenzas políticas y de nefasta gestión.

La causa independentista necesita mártires y no dudarán en colocar estudiantes, niños, o quien haga falta, ante turbas y escraches frente a las ilegales urnas electorales con las que consumar su pantomima.

Algunos de los que ahora dicen que ha de haber diálogo sobre Cataluña, como si hasta ahora nunca se hubiera hablado del tema, se olvidan que en la base de todo diálogo está el respeto. Dialogar con vocación de alcanzar acuerdos, desde luego, lleva implícito también la vocación de ceder.

Esta deriva independentista no es solo que un grupo de catalanes se crea en el derecho de abandonar el Estado español, sino que busca el enfrentamiento social. Puigdemont y sus acólitos querrían que esto fuera una cuestión de españoles contra catalanes, pero no se ha dado cuenta que la realidad es que ha enfrentado catalanes contra catalanes, creando heridas que van a ser muy difíciles de cerrar. Tampoco es una cuestión del PP contra Cataluña, sino del Estado español frente a una pugna autoritaria que pretende incumplir la ley de manera unilateral. Este último extremo es fundamental para entender la situación actual, porque cualquiera de los ciudadanos de este país sabemos que si incumplimos la ley, se nos cae el pelo. Independientemente del color político. Por lo tanto, no podemos andarnos con tibiezas: este proceso es completamente ilegal.

Otra cosa será aquellos que, a pesar de estar en otros territorios y otras siglas políticas, tienen filias que les acercan a los secesionistas. Ellos deberán explicar por qué alientan el incumplimiento de la ley y la violencia en los parlamentos públicos elegidos legal y democráticamente.

*Alcaldesa de Benicàssim