Cuando Castellón todavía lo tiene casi todo por hacer para que el turismo se convierta en un verdadero motor de su economía, lo cual supondría todo un balón de oxígeno para reducir las listas del paro, ahora llega un nubarrón de incertidumbre en forma de la tasa que pretenden implantar Podemos y Compromís, junto a algunos tránsfugas de Ciudadanos en Les Corts, y el PSPV puede que no tenga otro remedio que aceptar por aquello de que el llamado Pacte del Botànic no haga aguas por este costado.

El secretario autonómico de Turismo, el benicense Francesc Colomer, debe andar más que preocupado estos días. No ha tenido inconveniente en manifestarse de forma rotunda en contra de la tasa, pero al tiempo debe reconocer --y así lo manifiesta-- que el Consell tiene desde hace unas fechas el mandato expreso de Les Corts, donde reside la soberanía de los valencianos, para aprobar que se implante este gravamen, y además Podemos quiere que se refleje ya en los presupuestos del 2018.

Y mientras tanto, la vicepresidenta Mónica Oltra intentó esquivar ayer la postura del Consell de Turisme, que en su reunión extraordinaria del jueves, convocada a instancias del president Puig, se pronunció en contra de la tasa. Alude Oltra a que los sindicatos, los trabajadores del sector turístico y las entidades de consumidores y usuarios también tendrán algo que decir. Y puede que tenga razón, pero así las cosas el Consell tendrá que escuchar a todos y después obrar en consecuencia.

Optar por una solución intermedia, que también se ha comentado durante estos días, de dejar que la aplicación de la tasa turística sea cosa de cada Ayuntamiento, en función de las circunstancias que rodean cada destino, no parece descabellado. Pero entonces habría que dar voz a los alcaldes afectados y pensar que la Comunitat, y más concretamente el caso de Castellón, no está para gravar a nuestros potenciales turistas, sino por ser cada vez más atractivos como destino vacacional.