La proliferación de licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC), a raíz de sentencias judiciales que certificaban la liberalización del sector entre el 2009 y el 2015, generó un aumento inusitado de la ratio establecida por la LOT (ley de ordenación del transporte). Se pasó de la proporción prevista de 1 VTC/30 taxis a la actual, que está en torno a 1/6. Este hecho y la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona que pretendía fijar límites a las actividades de compañías como Uber y Cabify, provocaron en verano la crisis del taxi y la reacción del sector, que pedía transferir las competencias a las autonomías y municipios para asegurar el equilibrio legal.
La decisión de Fomento para solucionar el conflicto satisface al sector del taxi y a la AMB. Aún creyendo excesiva la moratoria de cuatro años, que evita indemnizaciones millonarias, se considera que la modificación de la LOT en el sentido de territorializar las futuras concesiones es una buena noticia que viene potenciada por la posibilidad que ciudades como Barcelona y su área metropolitana puedan regular requisitos suplementarios (horarios, días de circulación, recorridos máximos) que, en la práctica, acotarán la excesiva oferta de VTC. El Gobierno también propone sanciones más duras para los incumplimientos de los VTC, que ven la solución con resquemor. La propuesta no satisface del todo a los implicados, pero que pone una base para apaciguar la reacción del mundo del taxi.
