Las finanzas de los partidos políticos

Alla por 2006 dije y está recogida en mi blog bajo el título La financiación de los partidos políticos una frase larga y suficiente descriptiva. «¡Qué miedo tratarlo! nadie dice nada, y mientras tanto cada uno de los partidos se la monta como puede y, al cabo de los años, antes de prescribir, se descubren sus delitos y trampas, no sólo para financiar ilegalmente partidos sino porque algunos de los administradores del dinero de los mismos han untado también su personal y particular tostada».

Ciertamente dichas palabras continúan siendo actuales. Los casos que en estos momentos están en los tribunales nos dan mucho en qué pensar, y es necesario que nos planteemos las alternativas a una correcta financiación de los partidos políticos, en lugar de aprovechar la ocasión (que no digo que no haya que hacerlo) solo para lanzar dardos envenenados al contrincante político, aunque todos tengan, ciertamente, mucho que callar.

Aunque la mayor parte de los políticos actuales son personas que se han integrado en el aparato desde jóvenes, no han trabajado en la economía real y no han tenido responsabilidades. Ciertamente no puedo pensar que todos sean deshonestos, pero no comprendo cómo ningún partido entra a fondo en el meollo del problema: la financiación de los partidos políticos. No lo hacen el PP ni el PSOE, pero tampoco Ciudadanos, IU, Podemos ni los nacionalistas en sus diversas sensibilidades de izquierda o derecha. Todos quieren que las cosas continúen como hasta ahora, no quieren, creo, hacer nada porque, quizás los ciudadanos corrientes nos enteraríamos de cosas que, desde siempre del advenimiento de la democracia, les parece que son solo para iniciados, por el escándalo moral que sería su pleno conocimiento por la ciudadanía. Oscurantismo, falta de transparencia que lleva a falta de honestidad, incluso a delincuencia. Pero son ellos los que lo quieren así, porque no se atreven a abrir la caja de Pandora que representa promulgar una legislación clara y transparente.

Si se cambiara la legislación y se permitiera la financiación casi libre de los partidos, me digo a mí mismo: ¿y qué si las empresas, algunas, o individuos poderosamente ricos, financiaran a los partidos?, ¿acaso no financia el Estado también a los mismos, y a los sindicatos, y a la Iglesia católica? El problema no es la financiación, el problema es la falta de transparencia en cuanto al origen, o al importe de las aportaciones; el problema es no conocer quién les apoya, para poder estar ojo avizor para evitar el abuso, porque si el ejercicio que hacen los grupos de presión o lobis en muchos países está perfectamente aceptado y es parte del funcionamiento de la democracia, el ejercicio de apoyar económicamente en las campañas electorales y en otro momento a los partidos también. Y está claro que tiene que ser así porque no hay institución de participación ciudadana que se financie con las cuotas de sus asociados; ni sindicatos, ni partidos políticos, ni asociaciones patronales, ni mucho menos la Iglesia católica.

La cuestión es cómo ejercer el control financiero de esas aportaciones que debieran ser todas ellas transparentes, como sugiero. Una vía sencilla es la de permitir la deducción como gasto del importe donado en la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además de otorgar algún tipo de desgravación, como cuando se aporta a Fundaciones. Sería una forma de controlar los ingresos de los partidos, y el incentivo de considerarlo gasto y además base de una desgravación, es tan poderoso que, probablemente todos lo declararían. Con esto se acabaría el problema de raíz. Esto también evitaría que ocurriera lo que ha estado pasando hasta ahora: que los importes que se entregan a los partidos los recojan personas, que, a menudo, recaudan para sí mismas total o parcialmente, en lugar de hacerlo para el partido que representan.

Claro está que esto evitaría el enriquecimiento de los arribistas, que saben poco de la cosa pública, pero saben mucho de beneficiarse de militar en un partido, por las prebendas y oportunidades que les ofrece. Evitaría también que personas sin escrúpulos se dediquen a la política porque no tienen otra cosa mejor a la que dedicarse.

Si no se entra de lleno a legislar en este sentido, nos veremos abocados, probablemente, a una plena desafección del ciudadano respecto de la clase política que, desembocará, por necesidad, en una gran crisis que produzca una catarsis o limpieza de la clase política: ni incompetentes, ni sólo obedientes, sino personas de probada experiencia, capacitación y reconocido prestigio, serían el material del que se deberían nutrir los partidos y, en ese caso, sus retribuciones deberían estar a la altura adecuada, pero no más; como dicen los empresarios «a precio de mercado».

Esa catarsis debiera venir también por el cambio de una nueva legislación electoral de modo que sean los ciudadanos los que elijan a las personas, militen o no en partidos. Que cualquier ciudadano pueda postularse como candidato, dentro o fuera de partidos, en cada circunscripción. Esas personas elegidas en cada circunscripción deberían ser las que debieran responder ante sus electores y no ante sus partidos. Es decir, listas abiertas. Lo que no quita la aplicación de algún tipo de ponderación para añadir estabilidad y evitar disgregación que impidiera la gobernanza, pero sin dejar de atender a las minorías.

Esa catarsis debería venir también por un cambio legislativo para que el Senado fuera un lugar excelente y mejorado, para tratar de que los territorios resulten verdaderamente representados, que sean personas y no siglas de un partido las que primen, y permitir aquí, en el Senado, el acceso de minorías por medio de rebajar techo electoral de porcentaje de voto. Pero me parece que todas estas cuestiones no son de interés de los políticos, pues a la mayor parte de ellos les va mejor el pitufeo, la financiación irregular y llegar a ser un «corista» para decir sí a un líder cuya elección democrática deja mucho que desear.

Una ministra ha dicho la valentía que se tiene que tener para presentarse a gestionar la «res» pública. Tiene razón: valentía para los competentes, expertos, curtidos y suficientemente entrados en años que se atreven por vocación de servicio; pero de esos hay pocos, porque pocos tienen las circunstancias y se les ofrece la oportunidad. Pero muchos hay que desean entrar en la «carrera política para vivir de ella y la mayor parte de esos ya sabemos, por estos 40 años de experiencia democrática, cómo son.

*Doctor en Derecho