Cerrado el período de negociaciones, al menos en el ámbito autonómico, siguen en el nacional, ya sabemos que Ximo Puig es presidente de la Generalitat, con el apoyo de los 52 diputados del PSPV, Compromís y Unides Podem y que la hoja de ruta del Consell girará en torno a 6 ejes: transición ecológica y lucha contra la emergencia climática; feminismo, diversidad e igualdad de trato; servicios públicos; empleo, modelo productivo e innovación; calidad democrática y buen gobierno y fiscalidad progresiva, financiación justa e intereses valencianos.

Quizá habrá discrepancias, pero existe buena sintonía en cuestiones básicas para los empresarios como son la innovación, la digitalización, la formación, la apuesta por Europa, la necesidad de aumentar nuestra productividad y competitividad y de favorecer un crecimiento sostenible e integrador, pero queda mucho por hacer.

Como ya dijimos un día después de conocerse los resultados que ofrecieron las urnas, los empresarios estamos dispuestos a colaborar y a hacerlo pensando, no sólo en los intereses de los empresarios de nuestra Comunidad, sino en el progreso económico y social.

Pensando también en ese interés común, necesitamos que la maquinaria de la Administración se ponga en marcha y que entre las políticas públicas tengan cabida las medidas que, desde el punto de vista empresarial, servirán para potenciar y aumentar la competitividad de nuestras empresas y, con ello, crear empleo, imprescindible para el progreso económico y social de la Comunitat Valenciana.

Nuestra economía se beneficiará de cada una de las medidas de carácter transversal que hemos defendido ante los partidos políticos que ahora tienen la responsabilidad de gobernar: la reforma del modelo de financiación autonómica; la potenciación del diálogo social; la estabilidad política y la seguridad jurídica; la promoción de una estrategia de atracción y retención de inversiones; la reducción de la presión fiscal; la inversión en I+D+i; el fomento de la digitalización en las empresas; la armonización de la tributación autonómica y local; el apoyo a la internacionalización o el impulso y la promoción de la colaboración público privada, entre otras.

En el ámbito laboral, coincidimos con los sindicatos en la necesidad de crear un Observatorio de la Economía Sumergida, que fije medidas para combatirla y hacer lo propio con el intrusismo profesional y la competencia desleal. Proponemos que se mejoren los mecanismos de intermediación e inserción laboral, que se estimule la inversión en la gestión preventiva y que disminuyan las cargas administrativas y los costes laborales, que dificultan el crecimiento sostenido del empleo. La ocupación en la Comunitat crece y lo hace por encima de la media nacional, pero conviene intensificar esfuerzos para poder avanzar de manera decidida en la creación de empleo de calidad.

El sector industrial debe tener un papel estratégico en nuestro modelo económico y, para que esto suceda, nuestra industria tendrá que ser más competitiva, lo que implica mayor innovación, digitalización e internacionalización. Por eso, desde la CEV pedimos, entre otras medidas, la promoción de un Pacto Valenciano por la Industria que fije la estrategia a medio y largo plazo de las políticas industriales de la Comunitat Valenciana; establecer un plan de modernización como paso previo y necesario al reto digital, con ayudas para la adquisición o renovación de maquinaria innovadora o promocionar y reforzar la imagen de la industria asociada a la innovación y la calidad.

Ésta tendrá que ser la legislatura de la innovación y la digitalización. Sin ellas, no sólo no será competitiva la industria, tampoco el resto de sectores productivos. El desarrollo de la I+D+i corresponde a las propias empresas -también a las Universidades- que deben incorporarla a su estrategia como un pilar esencial, pero tendrá que ser la Administración la que estimule y facilite esa inversión en innovación, desarrollo tecnológico y digitalización y la que movilice todo el conocimiento disponible en el conjunto del Sistema Valenciano de Innovación.

Nuestro modelo educativo y de formación tendrá que elevar los estándares de aprendizaje y conocimiento, tendrá que ser competitivo, deberá acercarse a las necesidades reales del tejido productivo y conceder un mayor prestigio a la formación profesional y, en concreto, a la formación dual, por la que tenemos que apostar.

En materia medioambiental pensemos en objetivos alcanzables y con plazos realistas. La regulación en este terreno tendrá que ir en línea con la normativa nacional y europea, de forma que se garantice la unidad de mercado y no se condicione la competitividad de nuestras empresas con respecto al resto del territorio. Además, la economía circular debería ser entendida como un proceso gradual, con herramientas y tiempos que permitan rediseñar productos y procesos de forma progresiva, sin hipotecar el empleo y la actividad.

Tengamos en cuenta que la energía es un factor clave de competitividad económica. Para todas las empresas consumidoras intensivas y, en especial para las del sector cerámico castellonense, que los poderes públicos defiendan los intereses autonómicos en el proceso de toma de decisiones en las medidas de política energética es esencial. Intereses que incluyen la transición hacia un nuevo modelo energético transparente, seguro y competitivo; con reducciones o exenciones fiscales; con la ampliación de la vida útil de las cogeneraciones; con la estimulación de los mercados de gas y electricidad; con el fomento de las energías renovables; o con nuevo plan de infraestructuras eléctricas para el período 2020-2025, que incentive la eficiencia y sostenibilidad energéticas en las empresas, sin limitar su competitividad internacional. Parafraseando a Verónica Rivière, directora general de GasIndustrial, «Con un gas --y electricidad, añado-- competitivo, nuestra industria será más exportadora, tendrá más actividad y generará más empleo de calidad, aumentando así el peso de la industria en el PIB y haciendo al país más fuerte y con mayor bienestar social».

No se puede huir por sistema de la colaboración público-privada (CPP), al contrario, está llamada a jugar un importante papel en la construcción y sostenimiento del actual estado de bienestar: un modelo económico y social sostenible exige el concurso y la participación de la iniciativa privada. La CEV propuso en su momento y lo volvemos a hacer, la creación de un Observatorio que analice y haga seguimiento y control de la CPP y analice nuevas fórmulas de cooperación. En definitiva, se trata de trabajar por y para el crecimiento de la Comunitat Valenciana y en esto las empresas tenemos mucho que decir. Pongámonos en marcha, pónganse en marcha, y cuenten con nosotros para conseguirlo.

*Presidente de CEV Castellón