El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha completado una legislatura llena de engaños a los valencianos cristalizados en una parálisis casi absoluta de la administración autonómica, y encara una segunda aún más difícil por la entrada de la izquierda radical de Podemos en el Gobierno valenciano.
Los esfuerzos hasta ahora se han centrado en el número de departamentos del Ejecutivo autonómico y en cómo encajar al tercer socio de gobierno en la jugada. Puig tenía que pactar con Oltra los sillones de consellers, pero ahora el quién ha cobrado aún más importancia porque Podemos e Izquierda Unida exigen su «cuota participativa».
El resultado de este galimatías es que el secretario general del PSPV se ha convertido en una agencia de colocación, improductiva para el interés de los valencianos, pero muy lucrativa para socialistas afines, así como para los satélites de Compromís y Podemos.
En el 2015 el Partido Popular cerró una legislatura en la que había abordado un adelgazamiento severo de la administración autonómica, y valga como ejemplo que dejó 18 secretarías autonómicas como «herencia». Apenas cuatro años después, Ximo Puig ha ampliado la estructura para dar acomodo a lo que él llamaba «enchufados» cuando estaba en la oposición, y se ha situado ya en un número de 29 secretarías autonómicas.
Cuatro millones de euros cada año será lo que los valencianos van a pagar de más en esta legislatura -de momento- con la nueva estructura diseñada por los socialistas, nacionalistas y la izquierda radical. Ese dinero bien empleado en Sanidad, Educación o políticas sociales puede resultar muy provechoso, pero se ha optado por casi duplicar el número de personas afines al tripartito que cobrarán del erario público.
Si a ello añadimos que hay una investigación abierta por la Agencia Valenciana Antifraude por indicios de corrupción en las ayudas públicas a las empresas del hermano de Ximo Puig, podemos concluir que la Generalitat valenciana está gobernada ahora por quienes priman los favores a personas de su entorno antes que buscar soluciones a los problemas de los valencianos.
Los gobiernos tienen que impulsar la eficacia de sus políticas pensando en el bien común y la eficiencia en la utilización de los recursos, pero este planteamiento -que debería ser el ideario de cabecera de cualquier administración- está muy alejado del actual Consell que preside Ximo Puig y que hace las veces de agencia de colocación con derecho de admisión reservado a los afines.
*Presidenta del PPCV
