Los españoles volvimos a acudir a la cita con las urnas el pasado domingo. Ha sido la cuarta en cuatro años y solo siete meses después de las últimas elecciones generales, lo que evidenció la falta de acuerdos, la imposibilidad de formar gobierno y la vuelta a la parálisis en la Administración pública y, por ende, en el sector empresarial y en la sociedad.
A la vista de los resultados, formar una mayoría de Gobierno parecía, si cabe, más difícil que tras las pasadas elecciones, pero solo 48 horas después PSOE y Unidas Podemos nos anunciaron la firma de un acuerdo de Gobierno de coalición. A estos dos partidos y también al resto les pedimos ahora que actúen con responsabilidad. Ante el periodo de ralentización económica en el que estamos inmersos, necesitamos definitivamente la estabilidad y certidumbre de la que hemos adolecido, dotarnos de la necesaria seguridad jurídica, y abordar con moderación las reformas estructurales que aúnen el aumento del crecimiento y la sostenibilidad como instrumento de competitividad, fomentando la libertad de empresa y la unidad de mercado. La estabilidad política es necesaria para la buena marcha de la economía en el largo plazo, y sin moderación no será posible corregir el diferencial de productividad y empleo que nos separa de otras economías europeas.
Las empresas necesitan un clima de estabilidad y moderación que genere confianza, riqueza y contribuya a la creación de puestos de trabajo. Por eso, en pro del tejido empresarial y pensando en la mejora de la economía y el bienestar social del país, desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) tenderemos la mano al nuevo Gobierno, independientemente de las siglas que lo formen. La misma responsabilidad exigimos a los partidos políticos.
El diálogo social entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos, debería ser visto como el mejor instrumento para mejorar las políticas económicas y sociales y como tal ganar protagonismo. En la Comunitat Valenciana, el diálogo social y la plataforma Per un Finçament Just serán nuestras mejores herramientas para reclamar una financiación más justa y equitativa.
Corregir la infrafinanciación estructural de nuestro territorio debe ser una de las prioridades del nuevo ejecutivo para la próxima legislatura. Ya no sirve el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica «en cuanto sea posible», su obligación es abordarlo cuanto antes. La nuestra es una situación insólita, tremendamente injusta y patrimonialmente inviable.
Nuestra provincia moderará su crecimiento el próximo año debido a una desaceleración que se ve agravada por una demanda externa e interna retraída y por una caída en la licitación de obra pública debido al bloqueo en la Administración. Un bloqueo que ha restado a la economía española entre 150.000 y 200.000 empleos en los últimos cuatro años.
Castellón es una de las tres únicas provincias españolas donde se ha reducido el desempleo en tasa intermensual durante el mes de octubre, pero, a pesar de eso, el número de parados es mayor que hace un año y se sitúa en 39.175 desempleados.
Ante este escenario, entre los deberes del nuevo gobierno debería estar también el diseño de una estrategia efectiva de atracción y retención de inversiones que animen a la implantación de nuevas empresas tractoras en esta Comunidad, que contribuyan al mayor crecimiento económico de nuestro territorio. Una estrategia a la que debe acompañar un mensaje positivo a los inversores extranjeros, que les aporte la seguridad de que invertir en España y, en nuestro caso, en Castellón es un valor seguro. Es obligación del Gobierno ofrecer estas garantías.
Necesitamos poner en valor al empresario, promover más el espíritu emprendedor, así como atraer inversores, del mismo modo que urge dedicar más recursos a I+D+i y al fomento de la digitalización en las empresas y avanzar en el apoyo a su internacionalización.
Al futuro Ejecutivo le pedimos un diseño acertado del sistema impositivo, que permita avanzar en la indispensable consolidación fiscal y presupuestaria, mejorando la eficiencia del gasto público y, por tanto, la reducción de nuestra deuda soberana, endureciendo la lucha contra la economía sumergida y reduciendo los costes laborales, que obstaculizan el crecimiento sostenido del empleo y perjudican la competitividad y la productividad.
También le pedimos celeridad y transparencia en los procesos administrativos, simplificando los trámites burocráticos. En definitiva, colaboración entre la Administración a los distintos niveles y las empresas para el apoyo y desarrollo de nuevos proyectos.
El futuro gobierno también deberá estar vigilante para que nuestro sector primario, agricultura y ganadería, encuentre en la Comunidad Económica Europea el adecuado soporte que le permita obtener precios justos favoreciendo un mercado ágil y transparente que asegure la libre competencia y garantice la calidad del producto.
En el capítulo de formación, debería abogar por mejorar la calidad del sistema y prestar una mayor atención a la de carácter profesional y en especial a la formación dual, que es la que mejor puede adaptarse a las necesidades reales del tejido productivo. Una formación que, además, debe tener en cuenta, en el caso de nuestra provincia, la realidad de los municipios de las zonas de interior, en grave riesgo de despoblación. Una problemática cuya solución no llegará sin una mayor implicación de los diferentes gobiernos, desde el provincial hasta el europeo, así como los agentes económicos y sociales. Lo reivindiqué en mi último artículo y tanto el presidente de la CEV, Salvador Navarro, como yo, le tendimos la mano al presidente de la Diputación Provincial de Castellón para luchar contra ella.
Las infraestructuras son un factor estratégico para la competitividad de nuestras empresas y el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio y otro de los deberes para el próximo gobierno. La ejecución de las obras de los Corredores Mediterráneo y Cantábrico deben realizarse dentro de los plazos anunciados. Pero, además, urge invertir en las infraestructuras recogidas en el documento Prioridades de infraestructuras de la Comunitat Valenciana, elaborado por la CEV. Este tipo de actuaciones deberían priorizarse para su ejecución en el período 2020 - 2035 debidamente presupuestadas y ajustadas a plazos reales de ejecución.
Finalmente, hay que asegurar el acceso a un mercado energético que permita la competitividad de nuestras empresas industriales.
Éstas son nuestras prioridades, falta saber si coincidirán con las del Gobierno; un Gobierno nuevo, pero con viejos deberes.
* Presidente de la CEV en Castellón
