El próximo miércoles se cumplen 10 años de la muerte de Jordi Solé Tura, padre de la Constitución, referente de la izquierda catalana desde el PSUC hasta el PSC, exministro de Felipe González y uno de los políticos e intelectuales más lúcidos de la democracia española, que colaboró durante muchos años en este diario. Para elaborar la Constitución, eran imprescindibles el diálogo y el consenso, virtudes que Solé Tura encarnó como nadie, con su tenacidad y su coherencia al servicio de la libertad y del progreso, en palabras de Miquel Roca, uno de los dos únicos padres de la Carta Magna que siguen vivos.

En estos tiempos en que el consenso ha desaparecido y el pacto se equipara a la traición, es lícito hacerse la pregunta de por qué era más fácil dialogar cuando se elaboraba la Constitución que cuatro décadas después. La pregunta tiene múltiples respuestas: puede ser porque entonces el consenso era una exigencia social, como afirma Roca, porque se ha impuesto la política identitaria de ponerse de acuerdo solo con los del mismo bando, como asegura Miquel Iceta, o porque falta liderazgo y se le pide a la negociación cosas que no puede dar, como señala el historiador Andreu Mayayo, colaborador de Solé Tura, de quien destaca la firmeza y la seguridad de sus posiciones.

Y, sin embargo, la vuelta al consenso es más necesaria que nunca, sobre todo en una Cataluña partida por dos. El diálogo es más difícil que en vida de Solé Tura, pero igual de necesario. Su figura es un símbolo de la inaplazable recuperación de la convivencia entre los catalanes y del diálogo entre los gobiernos de Cataluña y del conjunto de España. Ese diálogo se concreta en estos momentos en la mesa integrada por miembros del PSOE y de ERC cara a la investidura de Pedro Sánchez. Si hay voluntad y autonomía política de las partes, no debería ser tan complicado volver a la política de desinflamación puesta en marcha por Sánchez tras la moción de censura.

La desinflamación llegó hasta la cita de Pedralbes hace un año, en la que se reconoció el conflicto político, pero empezó a quebrarse con la filtración por parte de Quim Torra de 21 puntos que no eran objeto de la negociación y descarriló definitivamente con el no de ERC a los Presupuestos. El Gobierno de Sánchez pasó de retirar recursos a leyes catalanas del Tribunal Constitucional a impugnar de nuevo decisiones del Govern y del Parlament, a la vez que perdía la mínima confianza que hubiera podido albergar en la actitud de Torra.

Ahora, después de un año perdido, Sánchez prescinde de un president cada día más activista que representante de todos los catalanes y centra su esfuerzo en alcanzar un acuerdo con ERC. Pese a su endurecimiento frente al independentismo, Sánchez declaró antes del 10-N que había llegado la hora de la vía política y de descartar la judicial en la búsqueda de una solución para Cataluña. Es el momento de ponerlo en práctica y para ello ERC debe abandonar también su maximalismo para que la negociación pueda encararse sin líneas rojas y con la única limitación de no saltarse las leyes.