El enfrentamiento entre gobierno, patronal y sindicatos, por la modificación del marco legal de la subcontratación, responde a una dinámica muy arraigada en nuestra vida pública: el no abordar la reforma a su debido tiempo. Las disfunciones que, en su momento y sin mayor esfuerzo, hubieran podido conducirse gradualmente, acaban por llevarnos a situaciones en las que sólo cabe el todo o la nada. En eso estamos.

La externalización adquiere sentido para la empresa en diversos supuestos. Entre otros, encontrarse ante un mercado laboral rígido; requerir de unos servicios especializados; afrontar una punta coyuntural de demanda; o reducir costes, entendiendo que ello se alcanza gracias a la mayor eficiencia de la empresa subcontratada, no a que ésta recurra a mano de obra más barata.

Tras muchos años en que la externalización se ha convertido en una práctica generalizada, resulta ya evidente que se dan abusos insostenibles, corrompiendo el sentido más propia de la práctica, y deteriorando las condiciones laborales de muchas personas. Así, el de aquellas que, durante un período suficiente para justificar una relación laboral estable, trabajan en una misma empresa con la que no mantienen vínculo contractual, pues éste se articula con otra compañía, de rostro desconocido. Una realidad que adquirió trascendencia pública con las movilizaciones de las camareras de piso, las denominadas kellys, si bien incorpora a muchos otros perfiles profesionales, también de alto valor añadido.

Así, gobierno y sindicatos pretenden que las personas subcontratadas tengan las mismas condiciones de aquellas que asumen una posición similar en la empresa principal. Es decir, que, por ejemplo, el conserje empleado por una empresa de externalización, que desarrolla su función en una compañía de seguros, tenga los mismos derechos que el conserje ya contratado. Con ello se pretende evitar que el estímulo para la subcontratación sea exclusivamente la reducción de costes laborales. Una inquietud que se entiende.

Ante ello, la patronal se rebela, y también se entiende. La externalización ha alcanzado tal dimensión que resulta imposible asumir la propuesta gubernamental sin que ello conlleve un aumento de costes y un ajuste de empleo, especialmente en este entorno de incertidumbre en que nos hallamos instalados.

*Doctor en Comunicación