El pasado martes PSOE y Compromís en la Diputación rechazaron una iniciativa del Grupo Popular, para exigirle la deuda del IVA al Gobierno de Pedro Sánchez y que la parte correspondiente de los 281 millones de deuda a los valencianos, pueda llegar a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales de los 135 municipios de la provincia.
La deuda del IVA es muy fácil de entender. En julio de 2017, la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información --o IVA en tiempo real-- supuso una simplificación en la gestión del impuesto, pero la dificultad inicial para su implementación, hizo que el gobierno del Partido Popular flexibilizara su puesta en marcha permitiendo retrasar en diez días el ingreso del impuesto para facilitar la gestión a las empresas. Eso hizo que el último mes del año 2017 pese a haberse pagado en enero, no computara dentro del año.
El sistema de financiación de las CCAA establece que las liquidaciones definitivas se realizan dos años después de concluido el ejercicio. De esta forma la liquidación de 2017 se debía haber hecho en 2019, que es cuando el gobierno socialista debía haber ingresado a las CCAA la cantidad de diciembre de 2017 que era la que faltaba.
Pero he aquí que Sánchez decidió llamarse a andana y achacar su propio incumplimiento a que como no se aprobó el Presupuesto de 2019, «pues se siente».
El año pasado ya asistimos a un sainete con la negativa socialista a pagar a las CCAA la actualización de las entregas a cuenta de la financiación, junto a la deuda del IVA. Durante todo 2019 observamos una espiral de contradicciones del Ministerio de Hacienda por su falta de voluntad política de cumplir con la obligación de abonar 7.500 millones a las CCAA.
Un problema que ya se conocía en el momento en que se prorrogaron los Presupuestos en 2019, que es cuando se tenía que haber resuelto. Pero no, el Gobierno prefirió dedicarse a sus viernes electorales y priorizar aquello que a los socialistas les iba a dar réditos electorales, más que a atender la financiación de las CCAA.
Eso es lo que a los socialistas les importa la financiación de las CCAA en general y la de la Comunitat Valenciana en particular. Lo podían haber resuelto vía Real Decreto, pero prefirieron aplicar sus Reales Decreto de gasto.
La contestación del Gobierno socialista fue «no» porque era «una ilegalidad». Pero el tiempo demostró que era mentira. Cuando se convocaron las elecciones de noviembre, acabaron aprobando un Real Decreto para pagar las entregas a cuenta.
Se demostró que el PSOE utilizaba el dinero de las CCAA por motivos políticos, a pesar de esos informes fantasma que llegaron a inventar para no pagar. Pero claro, venían elecciones y habiendo votos en juego, lo imposible e ilegal, se convirtió en posible y también en legal.
Pero ese Real Decreto llegó tan tarde y tan mal que solucionó solo una parte del problema: las entregas a cuenta, pero no los 3.500 millones de la deuda del IVA. Un dinero que los ciudadanos a través de las CCAA y los ayuntamientos ingresaron en las arcas del Gobierno y éste, ahora, no les quiere pagar.
De eso se trata la polémica del IVA. De un gobierno socialista que se está aprovechando del dinero de los ciudadanos e impidiendo que llegue a través de las CCAA y los ayuntamientos para financiar su educación, su sanidad y sus servicios sociales.
De eso, y de un gobierno de la Diputación que prefiere enmascarar esta polémica enmarañándola en una reivindicación sobre financiación blanqueando de paso al doctor Sánchez, cuando esto no es una reivindicación, es una obligación porque el dinero ya se abonó en su momento.
*Portavoz del grupo popular en la Diputación de Castellón
