Es una vieja historia la de vulneración de derechos laborales de los trabajadores agrícolas, en su mayoría migrantes y en situación administrativa irregular.

En cuanto a los trabajos considerados esenciales en la pandemia como es el sector primario, se ha llegado a un grado de vulnerabilidad social y económica tal, que afecta gravemente a estas personas que se dedican a ello, y es algo que va en aumento.

Hemos visto las situaciones de rebrotes del covid-19 en los mataderos de Alemania, también en España, específicamente en Cataluña, donde la ausencia de medidas de protección, la nula alternativa habitacional para las y los trabajadores temporeros, la situación de irregularidad de los trabajadores inmigrantes y las terribles condiciones de hacinamiento en que viven y trabajan son las causas que han dado origen al caos en el Segrià.

Lo venían advirtiendo los expertos en la materia; es imposible poner en marcha políticas de salud pública con el fin de controlar una pandemia si existen personas excluidas del sistema que duermen en la calle. Todas hemos visto estos últimos días por prensa, internet o la televisión la situación de los temporeros durmiendo en las calles de Lleida y en el entorno, donde hay un foco de infección. ¿Era evitable? ¿Existen situaciones similares en otras zonas de nuestra geografía? ¿Puede replicarse esta situación en nuestra Comunidad?

Por supuesto que sí, hay más situaciones similares en la cosecha de fruta, en Huesca, por ejemplo donde la Comunidad de Aragón ha decretado el regreso a la fase 2, de manera flexible. También en otro asentamiento de temporeros en otra comarca cercana que limita con Lleida hay un nuevo brote del virus. Lo último, en la zona de Lepe se han producido incendios en las chabolas de los temporeros. ¿Se les trata de criminalizar o amedrentar para que abandonen la zona, o qué está pasando realmente?

Las debidas medidas de contención no son fáciles con las condiciones en que viven los temporeros, que hacen un trabajo necesario, porque gracias a ellos cada día tenemos alimentos en nuestras mesas, pero que también enriquecen a los empresarios que exportan fruta.

La exclusión social de cientos de miles de inmigrantes es una injusticia y además pone de manifiesto cierta poca prevención en materia sanitaria, además de ineficacia económica. Desde Unides Podem consideramos que regularizar a las personas inmigrantes posibilitaría acabar con la exclusión social a la que conduce la situación de irregularidad administrativa, lo cual pone en riesgo tanto la salud de estas personas, como la de toda la ciudadanía. También mantenemos que dicha regularización posibilitaría el incremento de los ingresos en las cuentas del Estado por IRPF y por cotizaciones a las arcas de la seguridad social.

Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, proponemos dar la nacionalidad española a todas las personas migrantes en situación irregular que han realizado trabajos esenciales durante la pandemia, en los que se incluyen las y los trabajadores agrícolas, y regularizar a todas las personas migrantes que se encontraban en España cuando se declaró el estado de alarma.

Por aquí podríamos empezar a hablar de dignidad y de justicia social.

*Diputada de Unides Podem por Castellón en Les Corts