Como era previsible después de la resolución de la pasada semana del Tribual Supremo (TS) sobre los permisos para salir de prisión de Carme Forcadell , la jueza de vigilancia penitenciaria ha suspendido cautelarmente el tercer grado a cinco de los presos condenados por el 1-O. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras , los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn , elexdirigente de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart . La jueza ha aceptado la petición de la Fiscalía de Barcelona, que ayer mismo presentó recurso contra el régimen de semilibertad.

Siguiendo el camino argumental abierto por el auto del TS sobre Forcadell y el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, la Fiscalía sostiene en su recurso que la rapidez con la que la Generalitat ha ido suavizando el régimen penitenciario vacía de contenido la sentencia del TS y genera «una total sensación de impunidad» tanto en los reos como en el resto de la sociedad. La Fiscalía argumenta, además, que los presos no han cumplido una cuarta parte de la condena (Sànchez, Forn y Cuixart sí lo han hecho) y no han participado en programa de tratamiento relacionado con el delito de sedición por el que fueron condenados

No por esperada, la decisión de la jueza deja de ser severa. La decisión del TS de que un recurso contra el régimen penitenciario implique de forma automática su suspensión es un nuevo ejemplo del rigor con el que la justicia ha tratado el conflicto catalán desde el malhadado día en que un asunto de naturaleza estrictamente política se judicializó. Pero una actitud severa no equivale, como se esgrime desde el independentismo, a que se dé una situación de indefensión jurídica o una venganza del Estado contra los líderes independentistas. El mismo Estado de derecho que regula los regímenes penitenciarios y que ha permitido que la Generalitat decretara con rapidez los diferentes estadios por los que han pasado los presos es el que incorpora la posibilidad de recurso. La aplicación de la ley es severa, pero forma parte del ordenamiento jurídico.

Otro asunto es que, como también ha sucedido a menudo desde el otoño del 2017, las decisiones judiciales y el obligado cumplimiento de la ley no ayudan a encauzar políticamente el conflicto. Tampoco ayudan actitudes como la del presidente de la Generalitat, Quim Torra , que bloquea una nueva reunión de la mesa del diálogo entre gobiernos, como exige su socio de Gobierno, ERC. Ante el andar severo de la justicia, corresponde a la política presentar una alternativa al conflicto catalán que no pase por los recursos de la fiscalía y los autos de los jueces del TS. A pesar de sus problemas y de la emergencia sanitaria y económica que vivimos, La mesa de diálogo es el escenario adecuado en el que construir un camino que aleje el contencioso político de los tribunales y lo encauce en la vía de la negociación de la que no debería haber salido. Es cierto que la severidad judicial con los presos del 1-O no ayuda a la política, pero el obstruccionismo y el cálculo electoral son también muy perjudiciales.