Cualquier reforma de la enseñanza con ánimo perdurable y sin ánimo de confrontación debería guiarse por un consenso dentro de la comunidad educativa, con unos criterios objetivos que puedan servir a varias generaciones. Es evidente que si una ley no consigue concitar el acuerdo de quien protagoniza la educación está condenada al fracaso. Pero si lo que se persigue, como este Gobierno de izquierdas con la ley Celaá , no es mejorar la calidad de la enseñanza y los conocimientos del alumnado para lograr una sociedad mejor sino intervenir en las aulas e imponer un discurso con el que ideologizar a la población, al final se termina aprobando un bodrio legal como el que quiere poner en marcha este Gobierno de España.

Igual el lector piensa que solo deberían preocuparse por las consecuencias de esta ley quienes lleven a sus hijos a centros concertados o privados al cambiar la demanda social como criterio en la elección de centro. Pero si usted lleva a su hijo a un centro público también le afecta de lleno porque solo podrá inscribirlo en el colegio que le impongan. Además, se elimina el talento, el esfuerzo y el sacrificio en toda la enseñanza. Decidirán por usted en qué idioma tiene que hablar su hijo o qué tiene que pensar al eliminar la pluralidad y suprimir el castellano.

Ante semejante atropello, desde el Partido Popular proponemos paralizar la Lomloe y que se le dé voz a la comunidad educativa y a los expertos. Se debe garantizar la existencia de los diferentes modelos educativos para que los padres puedan elegir, evitar el trasvase de alumnos de centros de educación especial, mantener la independencia del cuerpo de inspectores, y reducir el fracaso y el abandono escolar.

Estamos ante una de las leyes más radicales de toda Europa en materia educativa. Para que se hagan una idea, la ley permite --por ejemplo-- que a partir de los 14 años los alumnos puedan decidir de manera asamblearia no ir a clase. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. El Partido Popular va a actuar como dique de contención de las intenciones liberticidas. Trabajaremos de manera conjunta y coordinada a nivel nacional para evitar una ley que promueve una educación mediocre y radical.

Frenaremos la ley Celaá recogiendo firmas, recurriendo al Tribunal Constitucional y a Europa, y la derogaremos en cuanto lleguemos al Gobierno. El Gobierno Frankenstein ha cruzado otra línea roja con esta injusta ley: excluye el español como vehicular y acaba con la libertad educativa. Somos el partido de la libertad. Somos el partido de los que venimos a resolver el problema de la gente y no a decirle a nadie qué tiene que pensar o actuar. No necesitamos leyes ideologizantes que politicen, necesitamos leyes que respondan a los contenidos.

El estatalismo intervencionista de quienes aspiran a un control total de la vida de los ciudadanos no puede soportar que los padres tengan derecho a elegir la educación que mejor se acomode a sus principios. El objetivo final de esta ley es la deseducación y el control de las mentes, creando ciudadanos serviles y moldeables, acríticos, igualados por abajo y con escasa capacidad para valerse por sí mismos. Comunismo puro. H

*Presidenta PPCV