Se ha iniciado en el Senado la tramitación de Ley educativa del Gobierno de Sánchez e Iglesias . Los senadores disponemos de sólo una semana para hacer aportaciones antes de su aprobación. Esta celeridad tiene un porqué: la Ley Celaá forma parte del paquete de la vergüenza, el paquete que forman los Presupuestos Generales del Estado y la Ley educativa. Y es que el Gobierno ha pactado la aprobación de las cuentas del Estado con ERC y Bildu a cambio de liquidar libertades y derechos fundamentales en la educación. Sánchez ha querido asegurarse su sillón por tres años más, y a cambio de ello ha vendido a los independentistas la libertad educativa, e incluso, nuestra querida lengua castellana, que dejará de ser considerada vehicular. La Ley Celaá cercena el derecho de los padres a la libre elección de centro, eliminando la referencia que todas las leyes de educación han hecho a la demanda social para sustentar los conciertos educativos. A su vez, este proyecto de Ley se tramita de espaldas al sector educativo, al que no se le ha escuchado. La izquierda se ha opuesto a que se produzcan comparecencias de los afectados en sede parlamentaria, según solicitábamos desde el Partido Popular. Y es que el Gobierno tiene prisa, necesita que la Ley Celaá sea aprobada en paralelo a los Presupuestos. Así las cosas, el próximo día 23, los senadores votaremos los Presupuestos y el proyecto de ley educativa, que por si faltaba algo, también quiere vaciar los centros de educación especial. Y ante todas estas afrentas a la libertad educativa, el PP tratará de evitar tanto en sede parlamentaria, como ante el Tribunal Constitucional, que esta ley convierta nuestros colegios en guetos del pensamiento único. H

*Senadora del grupo parlamentario popular