El banquero Juan March subvencionó el golpe de Estado contra la II República y, entre otros servicios, pagó el alquiler del avión Dragón Rapide que trasladó a Franco desde las Canarias a Tetuán para hacerse con el mando de las tropas del Ejército español desplegadas en el norte de África. March, que venía del contrabando, supo sacar partido a tan importante apuesta. Empero, el dictador no las tenía todas con la banca privada y finalizada la guerra civil creó el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional (ICRN). Después, en 1946, las Cortes franquistas aprobaron la Ley de Ordenación Bancaria que propició el marco para la banca oficial : Banco Exterior de España, Caja Postal, Caja Central de Crédito Mar y Pesquero, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola y Banco de Crédito a la Construcción.
Con la llegada de la democracia el proceso de acabar con el sector financiero público fue imparable, culminado con la fusión entre Argentaria y el Banco de Bilbao Vizcaya, alumbrando así al actual BBVA. Solo se mantuvo el Instituto de Crédito Oficial (ICO), estructura residual para la intervención pública en situaciones excepcionales. Y en situación excepcional estamos.
Desprovisto el país de una banca pública, el ICO otorga los vales para que autónomos, pymes y grandes empresas puedan acceder a créditos que sirvan de salvavidas en esta cruenta pandemia, que cada día atenaza más a la ciudadanía, mata más y empobrece más. Hasta 140.000 millones ha puesto el Gobierno a disposición del ICO, pero es la banca privada la encargada de gestionar y resolver las solicitudes, aplicando los mismos criterios de antes de la pandemia, mediante la famosa máquina que resuelve el scoring , la fórmula que ha terminado de extinguir cualquier resquicio de humanidad en un sector casi robotizado.
El Consejo de Ministros del pasado 17 de noviembre aprobó el Real Decreto Ley 34/2020 por el que se amplían los plazos de solicitud de los créditos con avales públicos para aliviar los efectos del covid -19. El BOE del 26 de noviembre publicaba la resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa «por la que se instruye al ICO y se permite a la Compañía Española de Refianzamiento (CERSA) ampliar el plazo de solicitud de avales hasta el 1 de junio de 2021 y extender el vencimiento de los avales ya liberados». La inicial alegría de los posibles beneficiados por la medida ha ido menguando a medida que los bancos comunican que la línea de liquidez la tienen agotada. En la página web del ICO puede leerse el engañoso titular: «El Gobierno aprueba un nuevo plan de medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia de autónomos y empresas». Resulta que vas a los bancos y han agotado el cupo de liquidez, en algunos casos solo les queda algo para inversión. ¿Tomadura de pelo? ¿Incompetencia? ¿Todo a la vez? ¿Cómo puede ser que, con la que está cayendo y va a seguir cayendo próximamente, el Gobierno apruebe una medida económica estratégica sin contar con los fondos necesarios? Por el momento es lo que está pasando.
Es ahora, en situación de gran necesidad, con una dramática encrucijada para millones de autónomos y pymes, cuando se precisa la respuesta rápida, eficaz, de una banca pública dispuesta a socorrer con tanto realismo como solidaridad. Esa banca pública no existe. Tampoco existe un mecanismo que desde el Gobierno establezca verdaderas ayudas directas a los sectores más afectados y arruinados, excepción de pequeñas cantidades que conceden las autonomías y algunos ayuntamientos. La famosa cuesta de enero ya es la subida al Himalaya. Veremos cuantos se quedan en el camino, sin oxígeno. H
*Periodista y escritor
